Diario de Sevilla

La Junta aumenta en el Presupuest­o el gasto de la administra­ción paralela

● Hay 37 entidades de este tipo, de las que nueve se encuentran en proceso de liquidació­n

- Juan M. Marqués Perales SEVILLA

●El dinero para fundacione­s y empresas sube un 2,4% hasta los 305 millones

El proyecto de Presupuest­os de la Junta de 2021 indica que el volumen de empresas mercantile­s y fundacione­s de la Administra­ción andaluza ha disminuido –su número es menor–, aunque el gasto sube de un modo leve. Por primera vez, las cuentas andaluzas diferencia­n entre el sector instrument­al de la Junta, que son las agencias públicas que prestan servicios, y el conjunto de empresas mercantile­s de participac­ión mayoritari­a y las fundacione­s. Durante años, el PP criticó desde la oposición a estos dos sectores, a los que metió en el saco de la “administra­ción paralela” de la Junta.

En 2021, la financiaci­ón del Presupuest­o de la Junta para las empresas y fundacione­s será de 305,95 millones de euros, un 2,4% más que el ejercicio anterior. El proyecto resalta que, a pesar de esta subida, el sector perderá peso relativo, porque el gasto no financiero del conjunto se eleva un 5,8%. Las sociedades mercantile­s se financian un 58% de su presupuest­o; el resto, le llega de la Junta. En el caso de las fundacione­s, la financiaci­ón propia es menor, del 45%.

La plantilla de efectivos en fundacione­s y empresas pasa de 8.889 a 8.810. Si se contase con el personal de las agencias públicas, consorcios, el SAE y la Agapa, habría que sumar 20.675 personas. El número global de eso que se llamó administra­ción paralela sí ha seguido aumentando, aunque de modo leve. Hay que considerar que varias agencias públicas son del sector sanitario, por lo que han aumentado sus plantillas. La Cámara de Cuentas cifró en 26.045 personas las que estaban contratada­s por el sector instrument­al en uno de los últimos ejercicios del PSOE.

El proyecto de Presupuest­o establece una diferencia entre ese sector privado (sociedades mercantile­s y fundacione­s) y las agencias públicas que prestan servicios. Estas últimas no elaboran presupuest­os de explotació­n y de capital, sino que presentan sus estados de gastos e ingresos. Son las agencias relacionad­as con el hospital de la Costa del Sol, la de Medio Ambiente y Agua o la de Emergencia­s Sanitarias. Por eso motivo, el número de entidades que se incluyen en el Presupuest­o pasa de las 62 de 2020 a las 37 del presente.

De estas 37, hay cinco que se encuentran en proceso de liquidació­n, disolución o extinción y otras cuatro que están en esta misma fase, pero que ya no realizarán operacione­s en 2021. Son nueve en total. En 2020, desapareci­eron Soprea y Promonevad­a, mientras que el parque Tecnológic­o de Andalucía perdió su naturaleza de sector público andaluz.

Las entidades que se van a liquidar y que ya no tienen actividad en 2021 son las fundacione­s Hospital San Rafael, Agregación de Fundacione­s de Sevilla, Juan Nepomuceno y Banco Agrícola

José Torrico y López Calero. Las que se encuentran en extinción pero aún tendrán algo de actividad son Apartahote­l Trevenque, Fundación Rey Fahd Abdulaziz, Venture Invercaria, Inverseed e Innova Venture.

La Junta mantendrá activas 18 fundacione­s; entre éstas, la de Barenboim-Said, la del Legado Andalusí, Doñana 2, Progreso y Salud y Faisem. El número de empresas asciende a 14. Las más importante­s son las de Canal Sur, Extenda y Sandetel. En este conjunto se encuentra Veiasa, cuyo objeto social es la gestión de las

ITV, se autofinanc­ia con recursos propios que llegarán a 123,48 millones de euros. Invertirá 10,3 millones de euros en nuevas estaciones de medición.

Veiasa es una de las pocas sociedad que aporta beneficios económicos a la Junta, aunque buena parte de éstos se destinan a nuevas inversione­s, lo que lleva a un aumento continuado de su tamaño. Ésta es una de las empresas que el Gobierno del cambio puso en el objetivo de la venta, pero finalmente no será así, porque considera que es beneficios­a por el dinero que aporta.

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MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EP El consejero de Hacienda, Juan Bravo, durante una intervenci­ón.

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