LAS COLAS DEL HAMBRE Y EL IMV
SEGÚN la European AntiPoverty Network, hay 12 millones de personas (el 26% de la población) en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Mejor dicho, había en 2019, porque el dato de 2020 todavía se desconoce, aunque las expectativas son pesimistas. Podemos irnos a dormir cada noche olvidándonos del problema. Corresponde resolverlo a los gobiernos, aunque tampoco parece que sus miembros se desvelen por el tema. Hay otras muchas cosas que arreglar y afortunadamente se puede contar con el esfuerzo de las organizaciones benéficas que tienen experiencia y no descansan, aunque también ellas están desbordadas.
La cuestión es que la pobreza no es sólo un problema social abominable, también es un fallo del sistema capitalista. Tan importante que, si crece en exceso, puede amenazar la estabilidad del modelo social y la historia está llena de episodios revolucionarios que persiguen modelos alternativos al capitalismo. Unos triunfan y otros no, pero lo habitual es que terminen agravando el problema de la pobreza y reprimiendo las libertades para encubrir el fracaso.
La Renta Básica Universal (RBU) es una vía alternativa de solución al problema de la pobreza como fallo del capitalismo, pero desde dentro del sistema. La respuesta española frente a la presión generada por el coronavirus y las colas del hambre es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dotado con 3.000 millones de euros en el proyecto de Presupuestos para 2021 y con la intención de llegar a 550.000 hogares a final de año, de los 850.000 potenciales estimados por el ministerio. De momento todo son problemas debido al colapso administrativo provocado por la avalancha de solicitudes, pero la experiencia es suficiente para afirmar que entre el IMV y el concepto de RBU existe una notable distancia.
La diferencia básica es que para acceder al IMV se exigen requisitos, mientras que la percepción de una renta básica se entiende que debe ser incondicional. Los dos reciben críticas porque pueden resultar muy costosos, desincentivar la búsqueda de empleo y estimular la inmigración ilegal, hasta amenazar la sostenibilidad del conjunto del sistema de bienestar. También se argumenta que ya existen mecanismos asistenciales que permiten satisfacer las necesidades de la población vulnerable, pero la realidad es que la edad, la duración del desempleo, el lugar de residencia, el nivel educativo y otras circunstancias, como los empleos amenazados de desaparición por la inteligencia artificial y la robotización, elevan el tamaño de la población en riesgo de exclusión.
El derecho al subsidio por desempleo exige demostrar la búsqueda activa de trabajo y a una pensión un determinado número de años de cotizaciones, pero el derecho a una RBU debe estar al margen de estas circunstancias y alcanzar incluso a los hogares donde la precariedad del empleo o la insuficiencia del salario lo justifique porque el objetivo es dotar de seguridad financiera básica a la población. Será costoso y las críticas pueden estar justificadas, pero las colas del hambre indican que merece la pena intentarlo y, de paso, congratularnos por la intención de racionalizar los requisitos para acceder al IMV.