Andalucía se rebela contra el modelo de ayudas de la PAC de 2021 y 2022
El Gobierno aprobará el martes un decreto de transición que acelera la convergencia y que puede suponer un trasvase de fondos de agricultores de la comunidad a otras regiones
La Junta y las principales organizaciones agrarias andaluzas, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, arremetieron ayer en un duro comunicado contra la pretensión del Gobierno de acelerar la convergencia entre los agricultores que reciben las subvenciones de la Política Agraria Común.
Según la Consejería de Agricultura y el propio sector, el Gobierno ha comunicado ya la intención de aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene el Real Decreto por el que se regulan las ayudas de la PAC de 2021 y 2022, ayudas que serían transitorias en espera del nuevo modelo.
Este decreto prevé que, dentro de una región agronómica, los agricultores que perciben valores inferiores a la media incrementen en dos años un 25% la convergencia, hasta alcanzar un mínimo del 80% del importe medio. Esto se haría a costa de los productores con más derechos, obtenidos por un histórico de producción en el pasado y también por haberlos comprado.
En la PAC 2014-2020, que acaba de finalizar, la convergencia es bastante más suave. Todos los agricultores deben cobrar, como mínimo, el 60% de la media de cobro en una región productiva en el final del periodo de seis años. Si esa media es 100 euros por hectárea, en 2020 (el proceso se inicia en 2014) todos deben cobrar como mínimo 60 y eso es sufragado por los que están por encima de la media. Ahora, el Ministerio pretende que, siguiendo con la media de 100, el suelo pase a ser 70 en 2021 (70%) y 80 en 2022 (80%). Además, se elimina el límite de pérdidas del 30% (6% anual). Siguiendo el ejemplo anterior, si el agricultor se lleva 200 euros por hectárea, en la actual PAC no puede perder más de 60 a lo largo del periodo. Con la propuesta del Ministerio no habría límite alguno.
Esto significará, inevitablemente, un trasvase de fondos de la agricultura y ganadería andaluzas a otras comunidades, ya que el valor medio de los derechos de los productores de la comunidad está por encima de la media. Esto es una generalización, ya que habrá perceptores de la PAC –andaluces también– que saldrán beneficiados por cobrar menos que la media. “El decreto va a generar una distorsión del modelo actual”, afirma Antonio Caro, coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, que cree que no existe justificación técnica para medidas como esta.
En esencia, la idea es acelerar la convergencia entre las rentas dentro de una misma región productiva. Eso puede suponer un bajón brusco de ingresos de miles de agricultores, presumiblemente una mayoría de ellos andaluces.
El perjuicio puede ser grave para muchos agricultores y su cuantía se conocerá en los próximos meses, cuando el Ministerio de Agricultura publique el valor de los derechos asignados en cada región productiva. Según se afirma en el comunicado de la Junta y las organizaciones agrarias, un 25% de los agricultores andaluces, casi 50.000, tiene derechos cuyo valor es superior en más de un 30% al valor medio de su región. También “hay explotaciones que por los métodos de cálculo del valor de sus derechos en el pasado, verían sus niveles de renta comprometidos, como es el caso de los ganaderos que tenían derechos especiales y poca base territorial”.
Andalucía no está en contra de la convergencia como tal, sino de acelerarla. Propone “un sistema de convergencia parcial y progresivo” en 2021 y 2022 idéntico al que se implantó en el periodo 2014-2020 y que permitió que la región conservara casi en su totalidad las ayudas directas. Ese modelo reducía las pérdidas de los agricultores con más derechos al 6% anual y eso es exactamente lo que piden la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias, que no entienden por qué el Ministerio de Agricultura adopta una postura que la propia Unión Europea no pide. Bruselas
da libertad a los estados, de hecho, para decidir sobre la convergencia en 2021 y 2022.
En el documento la Mesa de Interlocución Agraria afirma que el decreto se va a aprobar “sin que haya habido un acuerdo entre Ministerio y Comunidades autónomas, como lo hubo para la convergencia vigente hasta la fecha, y sin estudios que evalúen adecuadamente su impacto”. Añade, por último, que la medida estará “condicionando los debates en marcha del nuevo modelo español aún no acordado”.
De hecho, Andalucía también está de algún modo amenazada por la intención del Ejecutivo de reducir drásticamente el número de regiones productivas (son 50 y no se tienen por qué corresponder con zonas geográficas) a un número mucho menor. En verano de 2020 se lanzó la idea de que sólo hubiera cinco y en los últimos días la eurodiputada socialista Clara Aguilera, ex consejera de Agricultura, hablaba de 14 ó 15, lo que supondría mayores pérdidas para los agricultores con más derechos y más ganancias para los que tienen menos.
La Junta y todo el sector se unen para pedir que la convergencia siga como hasta ahora
Unos 50.000 andaluces con derechos altos se verían muy perjudicados por la medida