El Opaef ingresará 1,5 millones menos sin los impuestos de la Junta
● El ente estudia reforzar y crear más servicios para compensar la pérdida de tasas por el cobro en ejecutiva de tributos autonómicos, que, como el resto de diputaciones, asumía desde 1993
El Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef), el ente de la Diputación que constituye un músculo financiero esencial para la corporación y los municipios, ha arrancado 2021 con un cambio sustancial y común a las ocho diputaciones andaluzas. Por primera vez desde 1993, cuando la Junta firmó un convenio para que éstas se encargaran del cobro en ejecutiva de los impuestos autonómicos, no tendrá ese cometido. Era un fin previsto. Porque en 2007, con el nuevo Estatuto de Autonomía, ya se creó la Agencia Tributaria Andaluza, que inició su andadura en 2010. El nuevo Gobierno andaluz ha dado el paso ahora para que asuma también esa parte, más compleja, del cobro en ejecutiva de los pagos de sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y otros tributos cedidos por el Estado. En junio denunció el convenio, que se extinguió el 31 de diciembre. Lo que queda se liquidará en los próximos meses.
Pero, ¿cómo inf luye en el Opaef el que la Junta deje de ser cliente del Opaef? De momento, perder a la Junta como cliente supondrá para el organismo una merma de ingresos por tasas de alrededor 1,5 millones de euros al año, en un presupuesto de unos 25 millones de euros, sin contar con su aportación a los FEAR –los préstamos a coste cero a los ayuntamientos, un dinero que entra pero que vuelve a prestar–. También ha obligado a hacer una pequeña reestructuración, porque había un equipo de unas 14 personas dedicado a esa unidad específicamente, que se han integrado en otras y con lo que se espera que aumente la eficacia en la gestión y cobro de tributos locales.
Para compensar o superar la merma de ese ingreso, el Opaef estudia poner en marcha nuevos servicios, como la gestión de tasas municipales (que ya cobra, aunque podría ofrecer también a los ayuntamientos la gestión, como ya hace con sus impuestos, elaborando padrones, por ejemplo) o gestionar más sanciones administrativas, como realiza con las multas de tráfico de las policías locales en más de medio centenar de municipios.
Durante 2020, el Opaef recaudó en ejecutiva unos 11,7 millones de euros para la Junta (4,7 millones liquidados del todo y otros siete de ingresos parciales o que no se han cobrado en su totalidad, pendientes aún de liquidación). A pesar de que supone una parte importante del total de cobros en ejecutiva del Opaef (61 millones teniendo en cuenta también los tributos locales cobrados en ejecutiva durante el pasado ejercicio), González señala que hace años que el cargo o la cantidad total que la Junta le encargaba gestionar y cobrar de esa manera ejecutiva –es decir, superados los plazos voluntarios para hacerlo– iba a la baja y perdiendo peso por tanto.
En concreto, en 2020, el nuevo cargo fue de cinco millones de euros, cuando ha habido años que han multiplicado incluso por seis esa cifra, y, por tanto, con un ingreso mucho mayor por tasas. De alguna manera, el convenio se venía vaciando de contenido por la vía de los hechos, sobre todo desde el arranque de 2020, cuando la Junta ya tenía claro que los iba a sumir del todo y así lo avisó.
En el Parlamento andaluz, el consejero de Economía, Juan Bravo, recordó que la decisión de extinguir el convenio con las diputaciones sólo ha sido un proceso que estaba en marcha de antes. No obstante, la oposición socialista lo ha relacionado con un informe de la Cámara de Cuentas, del ejercicio 2016, sobre el Patronato de la Diputación de Málaga –precisamente cuando el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, la presidía–, del que se podría concluir que había habido poca efectividad: de 126,6 millones de cargos iniciales en esa provincia, el 80,3% quedó pendiente y ni siquiera había habido actividad alguna con el 53% de los expedientes.
El gerente del Opaef de la Diputación de Sevilla, sin entrar en ese aspecto, sí subraya, que en las comisiones de seguimiento que se han realizado durante todos estos años del convenio con la Junta, Sevilla siempre estaba por encima de la media del conjunto de las diputaciones y sus patronatos y que recibía incluso felicitaciones por el trabajo.
En concreto, durante toda la vigencia del convenio, la Junta ha remitido al Opaef cargos por 736 millones de euros, correspondientes a unos 300.000 valores o tributos. De esos expedientes, se han gestionado 280.000, por 686 millones de euros, lo que supone que el 92% del total.
Se han logrado cobrar y traspasar finalmente a la Junta 252 millones de euros (más del 34% de la cantidad total y casi el 37% de
Entre cobros parciales y totales, la Diputación recaudó 11,7 millones para la Junta en 2020
La labor que hacían las diputaciones pasa ahora a la Agencia Tributaria Andaluza
las cantidades que se han gestionado). El resto, hasta los 686 millones gestionados, han sido objetivo de bajas y no se han podido cobrar por otros motivos.
Las razones han sido a veces bajas acordadas con la propia Junta –fue el caso de 90 millones de euros que llegaron al Opaef para cobrar a Boliden Apirsa, la empresa que explotaba la mina de Aznalcóllar durante del vertido tóxico– y también, por la Justicia, tras recursos promovidos sobre todo por empresas, porque en estos expedientes también se incluyen subvenciones que no se han justificado a tiempo; o por suspensiones de larga duración.
Según el Opaef, de los 258 millones de euros de expedientes de la Junta con bajas han sido por causas no imputables al organismo y otros 170 por “insolvencia”, es decir, porque hechos todos los trámites que se podían hacer no había ni de donde cobrar o qué embargar, aunque se intenta, porque el contribuyente al que se busca para que responda por los tributos o expedientes de reintegro con los que no ha cumplido, no tiene nada a su nombre.