Podemos tensiona el diseño de las ayudas directas del Gobierno
● Los socios de gobierno de Sánchez piden que 8.000 de los 11.000 millones sean transferencias directas a empresas
Unidas Podemos considera que al menos 8.000 millones de los 11.000 millones del plan de ayudas que aprobará el Gobierno en marzo deben ser transferencias directas a las empresas, y avisan de que deben ser gestionadas por el Estado para que sean homogéneas en todo el territorio.
El Gobierno de coalición está negociando el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial y que establece ayudas a empresas de hostelería, turismo y comercio gravemente afectadas por la pandemia.
Unidas Podemos ya ha avisado de que es “prioritario” concentrar la mayor parte de las ayudas en transferencias directas a las empresas y poner condiciones para su reparto.
En este sentido ha planteado al Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño que las ayudas directas queden reguladas en una norma estatal para que sean iguales en todo el territorio y ha propuesto un fondo que “no debe transferirse a las comunidades autónomas”.
Según las líneas generales de la propuesta de la formación morada, las ayudas no deben limitarse a determinados sectores, sino que deben estar abiertas a todas las empresas que las requieran, aunque abogan por que estén condicionadas al mantenimiento del empleo “para evitar abusos o malas prácticas”.
En este sentido, el mantenimiento del empleo podría estar entre el 70% y el 80% de la plantilla entre 2021 y 2022.
A este objetivo también se le podría añadir el compromiso de la empresa que reciba estas ayudas de abandonar en tres años el Régimen de Tributación por módulos.
Podemos avisa de que, en caso de que estas condiciones no se cumplan, las ayudas serían reembolsadas al Estado y además incide en que sólo se debería acceder a ellas con una caída de facturación de entre el 30% y el 40% en 2020 respecto a 2019.
De ser así, podrían cubrir hasta un determinado porcentaje de sus costes fijos –entre el 70% y el 80%– y en ningún caso cubrir costes de los ERTE.
Los socios de Gobierno de Sánchez también ven conveniente posponer el proceso de reestructuración de deuda de las empresas y en todo caso no creen que se deba distinguir en la reestructuración de las empresas que han utilizado préstamos del ICO o las que usaron recursos propios para afrontar la pandemia.
El diseño del plan en que trabaja Calviño con diversos ministerios consiste en repartir los 11.000 millones en tres fondos. El primero, para ayudas directas que cubran gastos fijos en las empresas golpeadas por la crisis. El segundo, un fondo de capitalización como el de la Sepi para grandes empresas, pero centrado en las pymes; y el tercero, para favorecer la reestructuración de deuda” con posibilidad de quitas que es el original que defendía inicialmente Calviño.