Preocupación en Cádiz por la ocupación ilegal de suelo del litoral
● Fomento pone la lupa en Vejer y alerta por la seguridad y la salud de sus vecinos
La ocupación ilegal del suelo que más “preocupa” a los inspectores de le Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía se produce en el litoral gaditano y en la periferia de grandes ciudades de Cádiz y Sevilla. Es la información que proporciona el gabinete dirigido por Marifrán Carazo, que informa de en dos años se ha duplicado el número de expedientes tramitados en la región para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas.
La seriedad de las medidas adoptadas por la Junta y las multas impuestas a quienes no restauran voluntariamente la legalidad es tal que en los últimos meses se han comunicado demoliciones voluntarias prácticamente a lo largo de todo el territorio andaluz, constando la autodemolición de edificaciones ilegales construidas en El Palmar, dentro del término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).
Condicionada por la estructura de la propiedad de cada territorio, la segunda residencia en suelo no urbanizable suele manifestarse bien de manera aislada (cuando el propietario edifica en su parcela) o bien en forma agrupada, cuando interviene la figura de un “operador” que actúa como parcelador, lucrándose mediante la división y venta de parcelas de suelo no urbanizable con una finalidad urbanística.
La primera de las formas, aunque se extiende por todo el territorio andaluz, es más frecuente en las provincias orientales, en las que predomina el minifundio. Las parcelaciones urbanísticas, en cambio, encuentran actualmente su espacio en las más extensas parcelas propias de las provincias occidentales, como Cádiz.
En el caso del litoral gaditano, el ejemplo más preocupante es el de El Palmar, donde la alta concentración de personas en los meses estivales, la obstaculización de los viales y la ausencia de controles de legalidad en el acceso a los suministros (fosas sépticas ilegales, captaciones ilegales de agua y energía eléctrica) implican un creciente riesgo para la seguridad y la salud de los vecinos que habitan en viviendas ilegales.
Según ha informado la Junta, el número de expedientes tramitados por la Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para prevenir la aparición de irregularidades urbanísticas se ha duplicado en solo dos años en la comunidad. Frente a los 557 expedientes tramitados en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 se contabilizaron 965 expedientes, un 73% más, y en 2020, a pesar de la pandemia, el número de expedientes alcanzó los 1.087, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2019 y un 95% más si se compara con 2018.
En los últimos meses se han producido ya demoliciones voluntarias