Castel alega que los inversores sufrieron pérdidas de tres millones
● El empresario y otras cuatro personas niegan el delito de alzamiento de bienes que les atribuye la Fiscalía por una deuda al fisco
El empresario Luis Castel, quien en el año 2008 intentó comprar el Real Betis a Manuel Ruiz de Lopera, negó ayer ante el juez el delito de frustración de la ejecución –el antiguo delito de alzamiento de bienes– que le atribuye la Fiscalía de Sevilla, por haber despatrimonializado supuestamente una empresa suya para no hacer frente a una deuda de 1,9 millones con la Hacienda Pública. Castel ha comparecido ante el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, tal y como adelantó este periódico, y en su declaración aseguró que la operación de la compra de un inmueble no fue un negocio ficticio, como sostiene en el Ministerio Público, sino que incluso provocó pérdidas de más de tres millones de euros a los inversores en este proyecto.
La investigación judicial se inició por una querella de la Fiscalía de Sevilla, a raíz de los siete expedientes incoados por la Agencia Tributaria contra la empresa de Castel Vivendia Group Casa, en relación con las deudas tributarias pendientes de pago por la venta de un inmueble a la entidad Edificio Futura, también vinculada a Castel.
En la declaración de ayer ante el juez se puso de manifiesto la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria por esos 1,9 millones de euros, que se cerró de conformidad en el año 2014, según explicaron a este periódico fuentes del caso.
Castel ha insistido en negar que esa operación fuese ficticia, señalando que los inversores han perdido más de tres millones de euros, a pesar de que incluso llegó a contratar a consultores para tratar de ref lotar Vivendia Group y en este sentido anunció al juez que va a aportar incluso un informe pericial defendiendo su tesis. El dinero del IVA de la operación, según Castel, se destinó única y exclusivamente a abonar los gastos de Vivendia.
Ante el juez también declararon en calidad de investigadas las otras cuatro personas contra las que se dirige la querella de la Fiscalía, la mujer del empresario; el abogado del PP en Invercaria, Wenceslao Moreno de Arredondo, que figura como socio y apoderado de Edificio Futura; y los administradores de otras dos empresas.
El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha impuesto una fianza de 5 millones de euros para hacer frente a la posible deuda, así como a los intereses, recargos y multas derivadas del caso. La Fiscalía impulsó y aceleró esta investigación, reclamando la declaración urgente de los investigados, ante el riesgo de la prescripción, dado que los hechos prescribían en diciembre próximo, al cumplirse diez años desde que se hicieron las operaciones bajo sospecha.
El Ministerio Público afirma en la querella que los embargos trabados por la Agencia Tributaria han resultado infructuosos por el “vaciamiento patrimonial” de Vivendia llevado a cabo por Castel, a través de la sociedad Edificio Futura, que finalmente realizó con el inmueble una dación al Banco Santander para pagar unos préstamos hipotecarios concedidos a Vivendia Group.
El empresario rechaza que simulara la venta de un inmueble para eludir el pago de impuestos