Los abogados piden una reflexión sobre la creación de macrocausas
Los abogados que están interviniendo en los últimos años en las macrocausas comparten su preocupación por el colapso de la Audiencia y plantean una reflexión sobre la creación de las macrocausas y el principio de intervención mínima del derecho penal. Varios abogados que intervienen en estos procesos han mostrado a este periódico su opinión sobre el atasco y la forma de salir del mismo.
El abogado Adolfo Cuéllar coincide en que la actual sobrecarga de trabajo es “insoportable para los magistrados”, lo que ha provocado que haya “jubilaciones anticipadas, cambio a otras jurisdicciones” y que mientras tanto haya “justiciables esperando la celebración de juicios después de diez años de instrucción y hechos acaecidos hace veinte”.
Cuéllar considera que “si no se toman medidas serias y contundentes”, la apariencia es que la Audiencia tardará “más de diez años” en resolver el atasco derivado de estos macroprocesos, ya que en la actualidad “se siguen iniciando instrucciones de futuras macrocausas”. En el mejor de los casos, vaticina que se tardarán “seis o siete años”. El letrado apuesta por la creación de al menos dos nuevas secciones de lo Penal, cada una con cuatro magistrados y la digitalización de todas las causas.
Además, Cuéllar plantea que debe llevarse a cabo una “seria reflexión de fiscales y jueces sobre el principio de intervención mínima del Derecho Penal y su aplicación a muchos asuntos que no debieran salirse de las jurisdicciones civiles o contencioso-administrativas. Evitar que las instrucciones se extiendan en hechos e investigados hasta casi el infinito”.
En la misma línea se pronuncia Alfonso Martínez del Hoyo, quien considera que en esta coyuntura “se impone una reflexión seria que lleve a no seguir alimentando la causa de ese colapso. Hay que volver a los fundamentos inspiradores del proceso penal: intervención mínima y respeto a los derechos y garantías del justiciable. En este momento se instruyen y además se promueve la nueva instrucción de causas complejas que, a mi juicio, carecen de horizonte de viabilidad. No puede ponerse bajo sistemática sospecha ni incriminarse a priori la actuación de la Administración en una materia, como la de fomento, que implica incidencia en el mercado y consiguiente exposición a las derivas de éste”, afirma el letrado.
Martínez del Hoyo añade que la situación actual es “muy preocupante”. “Entiendo y me postulo en el sentido de que, como colectivo, los abogados no podemos permanecer de brazos cruzados ante la muy lamentable deriva de los últimos tiempos, con una progresiva ralentización y alejamiento de plazos, tanto de deliberación en recursos de apelación como de señalamiento de juicios. Lo cual, en un contexto ya público de bajas médicas y solicitudes de jubilación anticipada o traslado voluntario de varios magistrados, amenaza convertirse en auténtico bloqueo cuando menos de alguna de las secciones penales de nuestra Audiencia Provincial”.
En cuanto al tiempo que le llevará a la Audiencia salir del colapso, el letrado apunta que “no es ya un problema de tiempos, sino de bloqueo funcional y lesión de derechos fundamentales. Está habiendo personas que, después de años, fallecen encausadas y sin haber tenido la ocasión de defender su inocencia ante un tribunal”.
Por su parte, el abogado José Manuel García-Quílez vaticina que en breve las defensas comenzarán a recibir notificaciones de señalamientos de juicios a varios años vista, “como lamentablemente sucede con habitualidad en la jurisdicción social”.
La manera de implicarse en la solución del problema “pasa por dejar de hacer la vista gorda cuando se abusa de la Justicia o, mejor dicho, de la Administración de Justicia. Si, desde el punto de vista de la defensa, la atenuante por la dilación indebida no es aplicable al reo que la provoca, excediéndose por ejemplo en los recursos que formula, ¿por qué no se aborda también la exigencia de responsabilidad a quien, acusando o instruyendo, tiene el deber de no engordar una causa sin motivo, sino que lo hace por pura inercia, hasta hacerla ingobernable, o a quien ignora incomprensiblemente las reformas legislativas que limitan la duración de la instrucción penal?”, concluye.
El abogado Manuel Salinero llama la atención sobre el hecho de que la Audiencia está ya colapsada a pesar de que “la realidad es que la mayoría de las macrocausas aún no han llegado a ella. Ahora mismo están señalando para enero y febrero de 2023. Además hay numerosos traslado y bajas. Nunca había habido tantas bajas, que muestran una enorme tensión”.
Salinero cree que la tramitación de estos juicios derivados de las macrocausas “puede irse incluso al año 2030”, lo que implicaría que muchos procesos se celebrarán hasta casi dos décadas después de que se iniciara la instrucción de la macrocausa matriz, como por ejemplo en el caso de los ERE, que data del año 2011. En cuanto a las posibles soluciones, Manuel Salinero entiende que “son necesarios desde luego muchos más medios personales y ampliar las Secciones, junto con la dotación de mas medios especialmente informáticos y de espacio”.
La abogada Encarnación Molino considera que la situación es “desoladora”, dado que las vistas de los juicios de las macrocausas cuya instrucción ya ha concluido se están señalando para 2023, por tanto “antes de que se dicte una primera sentencia podrían haber pasado 10, 12 o más años”. “Es inadmisible que los ciudadanos deban esperar todos estos años para que se resuelva el conflicto que enfrentan y que en sí mismo ya conlleva una gravísima carga y aflicción incluso obteniéndose una sentencia absolutoria. Es, sin duda, un tiempo excesivo que, aunque pueda traducirse en la atenuante de dilaciones indebidas, no es la solución”, sostiene.
En cuanto a las soluciones, Encarnación Molino señala que el actual colapso obedece a “graves deficiencias estructurales, de falta de dotación de medios, tanto de recursos humanos como materiales, durante mucho tiempo. En mi opinión, debería crearse, al menos, una nueva sección penal y las que ya existen deberían ser dotadas con un mayor número de magistrados y funcionarios, de forma
Coinciden en que si no se adoptan medidas urgentes, el atasco se prolongará hasta 2030
Comparten que debe crearse, al menos, una nueva Sección de lo Penal en la Audiencia
que pudieran asumir el trabajo desbordante pendiente y el que sigue entrando cada día”
Por su parte, el abogado Juan Carlos Alférez avisa de que la situación de colapso de la Audiencia “comienza a apreciarse como verdaderamente preocupante” y amenaza con sobrecargar a las secciones penales durante una década. “Es difícil de estimar pero los recientes señalamientos de asuntos que salen de la cola del cuello de botella, atisban a que será verdaderamente difícil contar con sentencias firmes de todas las causas, creadas y las que aún se siguen creando en la instrucción, en la presente década; quizás en la década de los años treinta”, apunta.
Alférez apuesta por “la vuelta al derecho penal que todos estudiamos y conocimos, el de la última ratio, el del principio de intervención mínima, el dejar el uso del penal para aquello que verdaderamente sea merecedor de ello y desde un prisma del principio de oportunidad, que cohoneste los recursos disponibles con el número de causas que se creen; con los recursos de los que dispone la Justicia, es imposible pretender que todas las cuitas sociales tengan que dirimirse en el orden penal”.