La autorización ambiental para reabrir la mina sale a exposición pública
● Junto al plan de restauración se puede consultar para alegaciones hasta el 12 de noviembre
La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Sevilla tiene actualmente en periodo de información pública y alegaciones la autorización ambiental unificada y el plan de restauración del proyecto promovido por la sociedad de propósito específico Minera Los Frailes, constituida tras resultar el Grupo México y Minorbis S.L. adjudicatarios de los derechos de explotación de la Mina de Aznalcóllar.
En concreto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el 29 de septiembre un acuerdo de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible para la “apertura de un periodo de información pública conjunta” con relación a la autorización ambiental unificada y el plan de restauración del proyecto, según un acuerdo fechado el 15 de septiembre y recogido por Europa Press.
Merced a dicho acuerdo, hasta el 12 de noviembre rige el periodo de alegaciones para ambos aspectos del proyecto. Toda la documentación figura en un enlace de la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapesc aydesarrollosostenible/ser vicios/participacion/todos-documentos/detalle/227920.html.
El pasado mes de marzo, la so
La empresa confiaba en tener los permisos para final de año, al margen del proceso judicial
ciedad Minera Los Frailes anunciaba que para finales de año esperaba contar ya con las autorizaciones necesarias para el arranque de la construcción de las nuevas instalaciones del complejo minero, tras ser declarado el proyecto como de Interés Público Superior (IPS) por la Junta.
La entidad exponía que desde 2015 ha realizado una inversión acumulada de 40 millones de euros para la gestión ambiental del antiguo complejo minero, explotado por Boliden-Andaluza de Piritas (Apirsa) hasta la gran catástrofe medioambiental acontecida en abril de 1998; y para los trabajos preparatorios para la puesta en marcha del nuevo proyecto.
Las obras de construcción de las nuevas instalaciones mineras, según la empresa, “van a suponer un relevante impulso económico para Aznalcóllar, su comarca y
Andalucía, con una inversión superior a los 300 millones de euros y la generación de 1.200 empleos directos e indirectos de alta cualificación y una estimación de 800 empleos inducidos”.
El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, viene reclamando precisamente que comiencen las actuaciones para reavivar la economía de la zona, pidiendo que la investigación judicial del proceso de adjudicación de los derechos de explotación de la mina a la agrupación empresarial México-Minorbis, pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emerita Resources España, no dé “al traste” con este proyecto, pues a su entender pesan “intereses” en que la mina no sea reabierta.
La empresa, en cualquier caso, defiende que el nuevo proyecto cuenta con un enfoque integrador de políticas de economía circular a través de la reutilización de “casi el 90% del agua de proceso y el aprovechamiento de las aguas de contacto previamente acondicionadas”, así como la valorización de los residuos mineros, lo que permitirá que no existan presas de lodos, como aquella cuya fractura provocó el desastre medioambiental de 1998, uno de los mayores acontecidos en España.
En la declaración del proyecto como de Interés Público Superior, la entidad indicaba que con la restauración de los pasivos de la antigua explotación minera habrá una inversión de más de 50 millones de euros en acciones medioambientales y más de 60 millones en costes operativos de los antiguos pasivos.
La entidad Minera Los Frailes alegaba además que el proyecto, criticado por los ecologistas al temer nuevos vertidos contaminantes, fue sometido a información pública en 2019 y entre las adecuaciones derivadas del trámite de información pública y consultas, “se ha trasladado el punto de evacuación del agua depurada originalmente previsto en el río Agrio, al río Guadalquivir”.
El nuevo punto de evacuación de aguas depuradas, según la entidad, se realizará en zona marítimo-terrestre, con gran capacidad de acogida, a más de 80 kilómetros de la desembocadura del río Guadalquivir.