Vilaplana cierra otra pieza de los ERE por ayudas a Siemens Metering
● Procesa a cinco personas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por 1,5 millones en subvenciones
Otra pieza de los ERE cuya instrucción finaliza. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que ha procesado a cinco personas investigadas por las presuntas irregularidades en las ayudas de 1,5 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a la empresa Siemens Metering S.A. (Landis & Gyr S.A.U.).
Entre los cinco investigados en esta pieza separada del caso ERE se encuentran dos responsables de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín y Jesús María Bordallo; dos directivos de Siemens Metering – el director Administrativo y Financiero Joaquín J. D. y el director general Félix R. P–, y el responsable sindical y presidente del Comité de Empresa, Manuel M. R.. Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarios, contra las entidades Siemens Metering y Vitalia.
En un auto fechado el día 8 de octubre, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
El juez precisa que el objeto de esta pieza separada “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas” concedidas “de manera ilícita y arbitraria” a la empresa por parte de la Dirección General de Trabajo entre los años 2002 y 2004 por importe de “al menos” 1.524.718,97 euros para el pago de un seguro de prejubilación de los trabajadores afectados por el ERE, una ayuda que “habría sido negociada y comprometida en el marco de la negociación de dicho ERE, tal y como resulta del acta de acuerdo empresa-trabajadores de 12 de abril de 2002”. Asimismo, según agrega el magistrado, “los hechos delictivos por los que se procede aparecen vinculados con la disposición arbitraria de fondos para el pago de unos supuestos servicios de Vitalia S.A. documentados en factura de dicha consultora, por importe de 67.744 euros”.
El juez considera que las ayudas concedidas a Siemens Metering “carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad”, a lo que se suma que se
Las ayudas fueron concedidas sin una solicitud formal de los beneficiarios
concedieron por el correspondiente director general de Trabajo “sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (...), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos”.
Según Vilaplana, las subvenciones se concedieron “sin análisis económico alguno realizado por la Junta que pusiera de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario (especialmente en lo que se refiere a que Siemens Metering no tuviera capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta)”. El juez apunta que “tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo”.
Además, las correspondientes ayudas “se concedieron sin solicitud formal de las mismas por parte del beneficiario sin resolución motivada de concesión, y sin indicación de los requisitos que habrían de exigirse para la obtención y justificación del fin y destino de las ayudas”, no constando “que se haya formulado solicitud formalmente válida”.