Una ley contra la historia

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática supone la imposición a la sociedad española de un proyecto ideológico basado en una visión oficial y obligatoria de la historia, y en la limitación de las libertades básicas de expresión y de cátedra. Son muchos los aspectos de esta ley que la convierten en un retroceso para la democracia. Por eso es importante el compromiso adquirido por el líder del PP de derogarla cuando llegue al Gobierno. Se impone, por ejemplo, la obligatoriedad de enseñar una versión ideologizada de lo que ocurrió durante la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Se niega la posibilidad de una rigurosa investigación histórica sobre ese periodo, que podrá ser tildada de “exaltación del franquismo”, un hecho perseguible de oficio. La versión que se impone está construida sobre un maniqueísmo que separa a los españoles en buenos y malos despreciando datos históricos relevantes. Además, supone un desprecio de la reconciliación que hizo posible la transición, que en el fondo esta ley impugna. Jesús Domingo Martínez (correo electrónico).