OMISIÓN Y CHANTAJE
PEDRO Sánchez no despachó con el Rey, ni le informó, ni le permitió ejercer sus atribuciones constitucionales como Jefe de Estado en la mayor crisis internacional que España ha sufrido en décadas”. La revelación por El Debate de un documento oficial firmado por Judit González, directora jurídica de la Secretaría General de Presidencia, confirma lo que ya se sospechó desde el primer momento: que a lo largo de los meses de difíciles y tensas relaciones con nuestros vecinos magrebíes, Argelia y Marruecos, desde la acogida del líder polisario Ibrahim Ghali hasta el sorprendente giro de la posición española sobre el Sahara, asumiendo como propia la marroquí, “no se ha mantenido ningún despacho entre el presidente del Gobierno y el rey Felipe VI motivado por esas causas”; más aún, la omisión del deber de informar al Rey debió ser absoluta, pues se reconoce que tampoco hay constancia alguna de que en algún momento pudiera existir al menos una mera “referencia verbal”, lo que ya hubiera sido inadmisible.
Es posible que algunos juzguen este ra
El Rey tiene derecho a ser informado, según la Constitución, de los asuntos de Estado
dical ninguneamiento del Rey con la habitual benevolencia con que se mira todo lo que se refiere al trapacero y mentiroso compulsivo que nos preside, pero al menos deberían reflexionar sobre lo que implica esa absoluta falta de comunicación y coordinación entre las dos principales instituciones del Estado en un momento de extrema gravedad internacional, cuyas consecuencias seguimos pagando hoy. El Rey tiene derecho a ser informado, según la Constitución, de los asuntos de Estado, sobre todo de aquellos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la nación, pero es a la nación a quien va mucho en que el Presidente y el Rey colaboren en cuestiones de tamaña importancia. No se trata ya de asuntos protocolarios o de imagen, en los que las descortesías hacia el monarca han llegado a límites intolerables, sino de cuestiones de fondo que afectan al núcleo mismo de la función regia en una monarquía parlamentaria.
Naturalmente, una omisión de esta importancia no hace más que aumentar las sospechas que inmediatamente surgieron tras conocerse el súbito cambio de posición de la diplomacia española sobre el Sahara, decidido personalmente por Sánchez. Las probadas escuchas que sufrió y la decisión de no consultar al Rey permiten creer que Sánchez actuó pura y simplemente bajo chantaje y para protegerse a sí mismo o a los suyos. Lo inexplicable es que semejante personaje pueda ser Presidente del Gobierno de un país europeo.