NO ES LA SEDICIÓN, ES LA SECESIÓN

ASISTIMOS a un momento crucial de la legislatura, no tanto por el tiempo que queda ni por cuestiones coyunturales, siendo algunas graves y sumamente importantes para las familias españolas: pérdida de poder adquisitivo en un contexto de máxima incertidumbre por razones de índole económica y geopolítica. Estamos ante el cénit de un Gobierno de coalición, el primero de la democracia, que se apoya en una mayoría heterogénea en el que la capacidad decisoria la tienen quienes en su ideario defienden el desmontaje no sólo del régimen de libertades y prosperidad que supuso y supone la Constitución de 1978, sino del Estado mismo, su integridad territorial.

Esa mayoría denominada Frankenstein sirve a unos partidos para ejercer el poder a costa de ceder ante los postulados de socios cuyo fin declarado es la independencia. Esto es, la desaparición de España como Estado. Sin Cataluña o sin el País Vasco, el resultante ya no sería España.

Y el independentismo sabe que de aquí a diciembre tiene su última gran oportunidad de torcer la voluntad de lo que queda del PSOE como partido de Estado, que Unidas Podemos es parte de su causa. La

urgencia por aprobar antes de fin de año una reforma del Código Penal que elimine la sedición se basa en que está ligada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023: ERC lo niega en público y lo exige en privado.

La proposición de Ley supone la implosión de la separación de poderes en España. El Ejecutivo usa a sus grupos políticos en el Legislativo para suplantar al Poder Judicial y enmendar una sentencia firme del Tribunal Supremo contra el mayor ataque a la convivencia democrática que ha

Pedro Sánchez implosiona la separación de poderes al suplantar al Poder Judicial y enmendar una sentencia firme

vivido España desde que fracasó el golpe de Estado de febrero de 1981.

Que, además, negocien rebajar las penas de la malversación de dinero público significa la cúspide de la mentira como método de hacer política, porque Pedro Sánchez accedió al poder con una moción de censura que justificaba la lucha contra la corrupción, la misma que ahora se ampararía.

Pero lo más grave de todo es que al eliminar la sedición del Código Penal sin introducir ninguna figura delictiva que pene un intento de ruptura constitucional (la rebelión no puede aplicarse a otro episodio como el 1-O de 2017) supone dejar la puerta abierta a que intenten de nuevo la secesión.

A la vista de que se cede en algo tan grave cuando queda apenas un año de legislatura es imposible no preguntarse si en realidad Sánchez, con este desatino, persigue algo peligrosamente distinto y más grave que asegurarse en el poder para todo 2023.