Diario de Sevilla

Una mujer cobrará el paro pese a una reclamació­n del SEPE

● Ángel Boza solicita una reducción de la condena de 15 años que le fue impuesta en aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’

- Jorge Muñoz Reyes Rocha

El abogado Agustín Martínez, que representa a los jóvenes sevillanos condenados por la violación de los Sanfermine­s en 2016, ha pedido finalmente una rebaja de un año y tres meses de cárcel de la condena de uno de los cinco acusados, en concreto, de Ángel Boza, en aplicación de la reforma de los delitos sexuales introducid­os por la conocida como ley del sólo sí es sí.

El letrado presentó ayer un escrito en el que solicita la revisión de la condena de 15 años que el Tribunal Supremo le impuso a la Manada por la violación de la joven y que endurecía de esta forma la condena inicial de nueve años por un delito de abusos sexuales. El letrado considera que, con la reforma de los delitos sexuales, habría que reducir la condena a este joven hasta los 13 años y nueve meses de prisión.

Ángel Boza Florido es el único de los cinco condenados por la violación de la Manada a los que podría afectar la ley de Garantía integral de libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí, que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y regula la necesidad del consentimi­ento expreso. La única condena de Ángel Boza Florido fue precisamen­te los 15 años de prisión que le fueron impuestos por la agresión de Pamplona, aunque también fue condenado a pagar sendas multas por haber robado gafas en San Sebastián y Sevilla. En el caso de la capital andaluza, fue detenido por la Policía Local poco después del robo, cuando circulaba a la altura de los jardines de Murillo.

Los otros cuatro condenados tienen penas superiores, como es el caso de los 23 años y un mes de prisión que fueron impuestos al ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero: condenado por la violación de Pamplona, los abusos de Pozoblanco, así como por el robo del teléfono móvil a la víctima de los Sanfermine­s y por grabar los vídeos y hacer fotos que luego difundiero­n a través de Whatsapp.

El ex militar Alfonso Jesús Cabezuelo es otro de los miembros de la Manada con las penas acumuladas más altas: 21 años y un mes de cárcel. Los otros dos jóvenes, José Ángel Prenda y Jesús Escudero Domínguez, suman condenas de 19 años y medio de cárcel y 17 años y diez meses, respectiva­mente. Con estas penas tan elevadas y la liquidació­n de las condenas efectuadas, la posible rebaja de un año no tendría virtualida­d alguna para la mayoría de la Manada, dado que en el caso del ex guardia civil el límite máximo de cumplimien­to serían 20 años, por lo que no le afectaría que a su condena global de 23 años y un mes se le redujera un año de cárcel, porque cumpliría igualmente 20 años.

El despacho Omnia Solutio ha conseguido que una mujer no tenga que devolver 18.177,12 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y pueda seguir recibiendo la prestación por desempleo después de que se le retirara la posibilida­d de cobrarlo. La Dirección Provincial de este organismo considerab­a “indebidas” las prestacion­es por desempleo que había recibido y extinguía su cobro. Según el SEPE, la mujer estaba dada de alta en el Impuesto de Actividade­s Económicas y, por tanto, desempeñab­a un trabajo por cuenta propia mientras percibía la prestación por desempleo.

Boza es el único de los cinco condenados al que podría afectar la nueva ley

El organismo estatal reclamaba más de 18.000 euros a la trabajador­a

La mujer tuvo que solicitar un aplazamien­to de pago porque la cuantía era importante. Desde Omnia Solutio, que ha conseguido que la mujer vuelva a cobrar el paro y no tenga que devolver lo ya cobrado, señalan que la cuestión principal del caso es el derecho a percibir prestación de desempleo en caso de alta en el Impuesto de Actividade­s Económicas cuando no se ha realizado actividad ni se ha percibido ingreso alguno.

Entre los argumentos presentado­s por la letrada, Laura García Fernández, está una sentencia publicada por el Supremo el 20 de marzo de 2000. En ella se indica que el hecho de que un trabajador siga abonando el Impuesto de Actividade­s Económicas “no presupone, necesariam­ente la realizació­n de un trabajo productivo”.

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JUAN CARLOS VÁZQUEZ Ángel Boza sale de los juzgados de Sevilla, en una imagen de archivo.
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