Puigdemont accedió al escaño “probablemente de forma ilegal”
● El recurso del ex ‘president’ por su inmunidad queda visto para sentencia en Luxemburgo
El Parlamento Europeo (PE) aseguró ayer ante el Tribunal General de la Unión Europea que el ex presidente catalán Carles Puigdemont accedió al escaño “probablemente de forma ilegal”, en la vista en la que su defensa pidió la anulación del suplicatorio porque supone “persecución política”. El recurso que Puigdemont interpuso contra la Eurocámara por levantarle la inmunidad parlamentaria quedó ayer para sentencia, tras una sesión de más de cinco horas en la que el abogado del Parlamento, Norbert Lorenz, defendió que la institución trató al ex president de forma “perfectamente correcta”.
Hasta tal punto es así, dijo, que “en enero de 2020, se le permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y como hemos visto por
Su abogado recordó que el Gobierno español quiere extraditar a su cliente
una sentencia del Tribunal General, probablemente de manera ilegal”, pues la Eurocámara “nunca ha recibido notificación” de que Puigdemont y los otros eurodiputados de Junts per Catalunya (JxCAT), Toni Comín y Clara Ponsatí, pudieran ser parlamentarios.
Los tres eurodiputados accedieron al escaño con el permiso del ex presidente del Parlamento David Sassoli, después de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, dijese que la condición de eurodiputado se adquiere tras la proclamación de los resultados de las elecciones europeas. Por tanto, “el Parlamento, en realidad, tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes. Y ha tratado también de manera totalmente correcta el suplicatorio de suspensión de inmunidades”, señaló Lorenz.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió en cambio la anulación del suplicatorio argumentando que se trata de un caso de “persecución política” y prueba de ello, señaló, es la reforma del delito de sedición que ha propuesto el Gobierno de España y trami
ta ya el Congreso de los Diputados. “Es público y notorio que varios ministros españoles importantes y el propio presidente del Gobierno, el señor (Pedro) Sánchez, han estado diciendo estos últimos días que el cambio en la legislación es para obtener la entrega del señor Puigdemont a España”, afirmó Boye. “¿Cuántos casos conocen sus señorías del cambio del Código Penal en un Estado miembro para obtener una extradición? Yo sólo conozco éste”, continuó el abogado de Puigdemont.
La abogada del Estado, Andrea
Gavela Llopis, negó en cambio que exista persecución política porque el sistema jurídico español es “garantista”.
Según dijo, el Tribunal Supremo emitió las euroórdenes contra los eurodiputados huidos a Bélgica para “posibilitar” su “presencia en el proceso penal” por unos hechos “muy anteriores” a la celebración de las elecciones europeas. Y “de acuerdo con el Derecho español aplicable, no se ha podido ni concluir el sumario, ni se ha podido efectuar el enjuiciamiento sin la presencia de los
recurrentes, precisamente, por ser un sistema garantista que establece esta exigencia en interés del derecho de defensa de los demandantes”, añadió Llopis.
Boye defendió también la anulación del suplicatorio argumentando que el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que analizó la petición del Supremo, el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez, no fue imparcial durante el proceso, ya que forma parte de un partido que ha mostrado “hostilidad” a los líderes independentistas.