Las medidas del Gobierno por la guerra redujeron 2,3 puntos la inflación
● Advierte del riesgo de deslocalización de empresas industriales por el precio de la electricidad
Las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar a hogares y empresas frente a la crisis energética tuvieron en 2022 un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento del PIB de 1,1 puntos porcentuales, y redujeron la inf lación en 2,3 puntos porcentuales.
Son las estimaciones del Banco de España, que ayer publicó el capítulo temático de su Informe Anual, según el cual unos 2,8 millones de hogares españoles, que suponen el 15% del total y se concentran en la parte baja de la distribución de la renta, presentan un gasto energético desproporcionadamente elevado.
El organismo, que analiza la respuesta del país y de la Unión Europea a la crisis energética, incluye esta medida de gasto desproporcionado en energía, habitual a nivel comunitario, en la que se encuadran aquellos hogares que dedican a este tipo de suministros el doble de la mediana nacional.
A tenor de sus datos, uno de cada siete hogares en España tiene que hacer frente a esta situación, una cifra que, no obstante, es menor que en países como Francia, Alemania o Italia, donde están más cerca del 20%, debido, en parte, a las peculiaridades climáticas.
A partir de la Encuesta Financiera de las Familias 2020, realizada por el organismo, el documento presta atención a la ayuda de 200 euros para las familias con menos recursos, aprobada por el Ejecutivo, y calcula que podría beneficiar aproximadamente a 3,6 millones de hogares españoles, la mitad de los situados en el 40% inferior de la distribución de renta. De ese total, 1,2 millones, es decir, un tercio, tendrían un gasto energético desproporcionado.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, valora esta medida, “muy focalizada en los hogares vulnerables”, en contraste con otras iniciativas que, por lo general, han tenido un carácter generalizado.
En su opinión, “sería posible seguir mejorando” la eficiencia de estas políticas públicas si, además de diseñarlas teniendo en cuenta variables como renta y riqueza, se incluyera el gasto, aspecto por el que se caracterizan los hogares de renta más baja.
Para el organismo, la crisis energética actual está teniendo una incidencia “muy asimétrica”, con un grado de exposición inicial mayor para las familias de rentas más bajas y para las empresas más intensivas en energía –que por su dependencia, han sido vulnerables en renta, producción y empleo– y de menor tamaño.
Los datos disponibles muestran cómo en 2022, el aumento medio de los costes energéticos para las empresas españolas fue algo superior al 30%, aunque dependió tanto del sector como del tamaño.
A fin de reducir esta partida, las compañías trataron de renegociar sus contratos de suministro (el 46 de las encuestadas), de aumentar su eficiencia energética (40%), e invirtieron en renovables (casi un 30%).
Sobre los precios de la energía, el director general de Economía y Estadística explica que las dinámicas a corto plazo han sido “muy favorables” en los últimos meses, pero que no puede descartarse que se puedan revertir.
Los futuros apuntan a una subida del precio del gas en la segunda mitad del año. A medio y largo plazo, el desarrollo de las renovables, cada vez más competitivas, hace prever un abaratamiento.