Rodrigo Rato ataca a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado: “Nos toman por tontos”
Acusa a los investigadores de “montar una fabulación” a propósito del aumento de su patrimonio
Rodrigo Rato atacó ayer tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Abogacía del Estado en la sesión del juicio contra su persona por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. “Nos toman por tontos”, llegó a decir sobre determinados argumentos esgrimidos en la vista. De hecho, al inicio de su declaración como acusado, avanzó que no iba a responder a las preguntas de la acusación debido a que durante el juicio han usado “correos electrónicos no expurgados” que afectaban a “terceras personas”, matizando que dado que no quería contribuir a ello, no les respondería.
En este sentido, y a preguntas de su abogada, llegó a decir de la representación legal del Estado que “es increíble que funcionarios públicos españoles” pudieran sostener que en su etapa como director gerente del Fondo Monetario Fiscal (FMI) fuera residente en España. “Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente, es muy fuerte (...) que un funcionario diga que yo he estado 10 días en Washington –sede del FMI– en 2006, nos toman por tontos”, señaló visiblemente enojado.
Con su abogada, Rato fue desgranando apunte por apunte todas las transferencias y movimientos financieros a estudio y ha dado explicaciones sobre cada sociedad y cada año fiscal. “Los fondos son todos perfectamente identificables y –los movimientos tienen– una explicación razonable”, dijo. En este sentido, Rato acusó a la Fiscalía y a los investigadores de Hacienda de “montar una fabulación” en este caso y de ir “a la búsqueda del tesoro perdido” ahondando en la idea de que la causa contra él fue prospectiva. “Pretender que los particulares tengamos datos que ya no existen y, entonces, sobre eso montar una fabulación, pues es injusto”, explicó.
Cabe recordar que Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Anticorrupción interesa para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por haber defraudado más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio. En este primer día de declaración, cobró relevancia la amnistía fiscal a la que se acogió en 2012.