La Eurocámara pide que la UE reconozca el derecho al aborto seguro y legal
● El PP, Vox y dos eurodiputados de Cs votaron en contra de la resolución, que no es vinculante
El Parlamento Europeo (PE) urgió ayer a los países de la Unión Europea a que incluyan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE el derecho a un aborto seguro y legal y el acceso “libre, informado, pleno y universal” a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La resolución salió adelante por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, con el apoyo de los grupos socialdemócrata, liberal, verde, de la izquierda y con una fracción de los populares europeos, mientras que el resto de este grupo se abstuvo o votó en contra y la ultraderecha y los conservadores expresaron su rechazo prácticamente frontal.
Entre los eurodiputados españoles, sólo el PP, Vox y dos de los siete eurodiputados de Ciudadanos votaron en contra.
El texto, no vinculante, pide a los estados miembros de la UE que reformen los tratados para que la Carta de Derechos Fundamentales pase a incluir en su artículo 3 el derecho de toda persona “a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación”.
La reforma de los tratados, sin embargo, requiere la unanimidad de los veintisiete países de la UE y es improbable que suceda para un asunto como el acceso a un aborto seguro y legal, ya que regularlo es una competencia de los estados miembros y en cada uno de ellos se hace de forma diferente.
La Eurocámara, no obstante, incide en su resolución en que los derechos sexuales y reproductivos “son derechos humanos fundamentales que deben protegerse y mejorarse”, al tiempo que condena “todos los intentos regresivos de restringir o eliminar” los derechos alcanzados hasta ahora o la intimidación a quienes trabajan para proteger este derecho.
El texto urge a los gobiernos europeos, con menciones especiales a Polonia y Malta –donde este derecho está más restringido–, que garanticen el acceso a una atención al aborto segura, legal y gratuita, a servicios y material de asistencia sanitaria prenatal y materna, a la planificación familiar voluntaria, a métodos anticonceptivos, a servicios adaptados a los jóvenes, así como a la prevención, el tratamiento, la atención y apoyo ante el VIH, sin discriminación.
Los eurodiputados se declararon preocupados por los aumentos de la financiación a grupos contrarios al derecho a un aborto seguro y pidieron a la Comisión Europea que se asegure de que este dinero no viene de fondos europeos, al tiempo que, en el mismo sentido, se aumente el presupuesto público a programas y subvenciones activas en la defensa de este derecho.