El Estado palestino
SI el nuevo escenario lo aconseja, Pedro Sánchez completará esta semana su gira para recabar apoyos a favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente. Noruega e Irlanda, en el primer tramo; citas con los dirigentes de Eslovenia, Luxemburgo y Bélgica, como remate. Hoy recibirá al primer ministro portugués, Luis Montenegro. En medio, el ataque abierto de Irán a Israel como represalia al misil que asesinó a siete altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní en su consulado en Siria. Una acción anunciada que, sin embargo, descolocó a Exteriores y al propio Sánchez, que pasó en unas horas de la “preocupación” por los “acontecimientos” a la condena. En los últimos días Moncloa ha decidido acelerar los plazos para el reconocimiento del Estado palestino. De la presente legislatura al “días” o “semanas”. El Consejo de Ministros con esta hoja de ruta deberá aprobar la resolución que luego debatiría en el Congreso. Los impulsores tampoco aclaran el porqué del adelanto de la estrategia. Y el desconcierto ante lo sucedido en las últimas horas no ayuda. En la actualidad 139 países del mundo ya reconocen a Palestina. Entre ellos, nueve de los veintisiete de la Unión Europea. En noviembre de 2014 todos los grupos del Congreso aprobaban una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a ese reconocimiento. No hay novedad, por tanto. Pero la letra pequeña de aquella iniciativa es una acción coordinada con la comunidad internacional y de la Unión Europea que no existe. Que el 77% de los países de la ONU consideren a Palestina un Estado no impidió el ataque terrorista de Hamas en octubre ni la respuesta israelí que se ha saldado con más de 30.000 muertos, la gran mayoría civiles. Oriente Medio es la mayor amenaza a la paz mundial. Cualquier gesto político debe responder a la posibilidad real de reconducir este incierto conflicto y no al de capitalizar una agenda política con marchamo electoral.
El Congreso ya impulsó en 2014 una iniciativa similar a la actual. Pero la idea de entonces sigue vigente. Necesita el máximo respaldo internacional y de la UE