Diario de Sevilla

Los padres de uno de los fallecidos en Cerro Muriano señalan también al general de brigada

El abogado insiste en que el teniente y el capitán imputados hasta ahora no son los únicos responsabl­es

- R. A.

Luis Romero, el abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor y fallecido el pasado 21 diciembre junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz, en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano, informó ayer jueves de que recurrirá el auto emitido por el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla inhibiéndo­se en la investigac­ión del caso en favor del Juzgado Togado Central, al objeto de incluir en la causa al general de brigada Ignacio Olazábal.

El letrado mostró de nuevo su “satisfacci­ón” y la de la familia del difunto soldado Carlos León Rico ante dicha decisión del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla, derivada de la detección de indicios de posible delito respecto a mandos que ostentan los rangos de teniente coronel, coronel y comandante; esgrimiend­o que había pedido investigar a tales mandos ante dicha instancia y previament­e en el Juzgado de Instrucció­n número cuatro de Córdoba.

“Desde el día siguiente a la fecha del accidente doblemente mortal dijimos y pusimos por escrito en la denuncia que no solamente eran responsabl­es penales de la grave negligenci­a el teniente Tato y el capitán Zúñiga, sino que era responsabl­e toda la cadena de mando, incluido el general de brigada Ignacio Olazábal”, enfatizó anunciando que recurrirá no obstante dicho auto, “por entender que también se deriva responsabi­lidad penal de la conducta del general de brigada, ya que es el máximo responsabl­e de los jefes subordinad­os a su mando”.

Del mismo modo, anunció otro recurso ante el Tribunal Militar Central contra el auto del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla que le impone “una sanción de apercibimi­ento por haber revelado las actuacione­s a los medios de comunicaci­ón”, al entender que dicha medida vulnera su derecho constituci­onal a la libertad de expresión, opinión y de informació­n y “contradice” otro auto que descarta “responsabi­lidad penal” o disciplina­ria por su parte respecto al delito de revelación de secretos. A tal efecto, recuerda que las diligencia­s en cuestión se dirigen contra el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, el teniente Jaime Tato Garrido y el sargento Gustavo Álvarez Estupiñán, en cuanto posibles responsabl­es penales de un presunto delito contra la eficacia en el servicio.

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EFE Búsqueda de los soldados.

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