Cinco años de bloqueo y una reforma bajo la lupa
● El CGPJ cuenta con sólo 16 de sus 20 vocales y con un presidente interino tras dimitir Carlos Lesmes y jubilarse su sucesor
Con sólo 16 de sus 20 vocales, con sus competencias recortadas y con un presidente interino, tras dimitir Carlos Lesmes y jubilarse su sucesor, el actual Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) ha superado con creces los cinco años en funciones, duplicando su mandato constitucional ante la negativa del PP a llegar a un pacto con el PSOE para su renovación. Más de diez años después, el bloque conservador sigue siendo mayoritario en el órgano de gobierno de los jueces, fiel reflejo de aquel Parlamento de 2013.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzó esta semana que, si el PP mantiene su bloqueo, el Gobierno asumirá su responsabilidad y el CGPJ será renovado, pero las vías para lograrlo no están exentas de problemas. Ya lo intentó en el pasado y, ante los mensajes de alerta que llegaron desde Bruselas, todo quedó aparcado.
En octubre de 2020, cuando el CGPJ se acercaba a los dos años con el mandato caducado, PSOE y Podemos impulsaron en el Congreso una reforma para rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para elegir a los vocales de ese órgano y sortear así el bloqueo que mantenía el PP de Pablo Casado, una iniciativa que despertó las suspicacias de la Comisión Europea. Proponían que los doce vocales de extracción judicial, que ahora son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, pudieran ser designados en segunda votación por mayoría absoluta.
Ante el toque de Bruselas, Sánchez dejó esa reforma en suspenso y luego el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prometió que iba a ser retirada de forma definitiva. Para entonces ya se tramitaba en el Congreso el plan B para intentar presionar al PP y forzar la renovación del Consejo: recortar sus competencias para impedir que realice nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales mientras esté en funciones.
Esa reforma entró en vigor en marzo de 2021 y un año después la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP propició la apertura de nuevas negociaciones entre socialistas y populares, pero todas las conversaciones han sido infructuosas, incluso con la mediación del comisario europeo de Justicia.
Ante la imposibilidad de realizar nombramientos se acumulan las vacantes. Sólo en el Tribunal Supremo hay 25, lo que representa más del 31% de la plantilla.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dejó claro que si el PP persiste en su bloqueo, se valorarán “nuevos mecanismos”. Sánchez ha asegurado que estudiarán todas las propuestas, también la que ha enviado a las Cortes, a título personal, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte.
Su propuesta incluye varias opciones para cambiar el modelo de elección de los vocales, pero en todo caso con medidas para diluir el perfil político de las designaciones, como, por ejemplo, vetar a quienes hayan tenido alguna responsabilidad política. Además, los vocales tendrían menos responsabilidad en los nombramientos judiciales.
En 2020, en su primer informe sobre el Estado de derecho en los 27 países miembros de la UE, la Comisión Europea situó la renovación del CGPJ como uno de los “desafíos” más importantes de España. Pero nada más presentarse el proyecto para rebajar las mayorías necesarias para elegir a sus miembros, esa misma institución advirtió de que seguía “de cerca” el proceso y recordó la importancia de que ese órgano no se perciba como “vulnerable a la politización”.
El mensaje de Bruselas es claro: el CGPJ debe renovarse de manera urgente y después hay que reformar el sistema de elección de vocales para que la mayoría de ellos sean jueces elegidos por los ellos mismos, un modelo por el que el Consejo de Europa aboga desde hace ya una década.
El PP esgrime que no puede fiarse de un Gobierno que indultó a los dirigentes el procés, eliminó la sedición e impulsa la ley de amnistía y exige que esa reforma sea previa a la renovación. El PSOE promete mejoras, aunque defiende el sistema de elección parlamentaria de todos los vocales como la fórmula más democrática.
Más de una década después, el bloque conservador sigue siendo mayoritario en el órgano