García Ortiz rechaza dimitir: “El fiscal general no es un actor político”
● Fiscales y jueces creen que cuestiona la independencia al vincular asociaciones con partidos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, justificó la recusación en la que solicita que cuatro magistrados del Tribunal Supremo no se hagan cargo del recurso contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo alegando que “es más sano” que “otros ojos” examinen la alegación y no lo hagan quienes lo han acusado de haber incurrido en una desviación de poder. Además, reivindicó su “legítimo derecho” a defenderse.
En una entrevista en la Cadena Ser, García Ortiz arguyó que es “bastante sensato” que sean otras personas quienes estudien el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su renovación, dado que los cuatro magistrados que pide apartarlo son los mismos que han acordado anular el nombramiento de Dolores Delgado en la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Por otra parte, se pronunció sobre la politización de la Justicia y aseguró que si bien no cree que se pueda decir que haya “complicidad” entre la judicatura y partidos políticos, sí hay una “identidad de objetivos” dentro de las asociaciones judiciales con “determinados partidos políticos”.
Asimismo, apuntó que la reprobación del Senado en su contra es “un error de concepción” de la Cámara Alta de lo que es el Ministerio Fiscal y el fiscal general del Estado es una democracia, porque no se le ve como “un actor político”. “El hecho de que el Senado vea al fiscal general como un actor político, la verdad es que le da la vuelta a toda la consideración que ellos mismos argumentan, de que el fiscal general del Estado no es un actor político y que no puede ser cesado por el Gobierno. Realmente, ése es el problema”, argumentó.
Por otra parte, asociaciones de fiscales y de jueces criticaron que García Ortiz señale una “identidad de objetivos” de las asociaciones con “determinados partidos políticos”, porque eso puede dar a entender que no existe independencia judicial. Para la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, las palabras del fiscal general “parecen dejar entrever la necesidad de coartar la libertad de actuación asociativa reconocida constitucionalmente”. La presidenta de esta asociación, Cristina Dexeus, sostuvo que García Ortiz lo que hace es “arrojar una sombra de sospecha sobre la actuación de las asociaciones”. El fiscal general “confunde o da a entender que hay una connivencia de las asociaciones con partidos políticos, cuando en realidad se trata de una actuación asociativa en cuestiones de política judicial, de organización y funcionamiento de la Administración de Justicia”, afeó Dexeus.