Registran la Consejería canaria de Sanidad por el caso Mascarillas
Entre los investigados se encuentra el ex director del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez
La Policía Judicial inspeccionó desde primera hora de ayer la sede del Servicio Canario de la Salud (SCS) en Las Palmas de Gran Canaria, por orden de la Fiscalía Europea, en busca de archivos relacionados con su ex director Conrado Domínguez y su ex directora de Recursos Económicos Ana María Pérez. Las nueve personas que participan en el registro, ordenado dentro del caso Mascarillas (la presunta estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública de las islas en la compra de material que nunca se entregó), entraron en esas dependencias del Gobierno canario minutos antes de las 8:30.
En esta causa se pretende averiguar el destino de los cuatro millones de euros que el SCS adelantó en 2022 a una empresa sin experiencia alguna en suministros médicos –la firma de importación de coches RR7– para adquirir un millón de mascarillas 3M que nunca se entregaron ya que las que intentaron importar fueron bloqueadas por la Aduana por tratarse de falsificaciones.
La Policía sospecha que Domínguez, que dimitió en noviembre de 2022 tras su imputación en este asunto, podría haberse llevado parte de una comisión de 100.000 euros de ese contrato suscrito en 2020 en favor de la empresa RR7 United, según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía del que ha informado el periódico Canarias
7. El pasado lunes, Domínguez se acogió a su derecho a no declarar al ser citado por la Fiscalía Europea en Madrid, según informaron fuentes jurídicas tras su comparecencia.
Pese al primer incidente ocurrido con RR7 (el bloqueo en Aduanas de las mascarillas falsas), el Servicio Canario de la Salud no resolvió su contrato, sino que Domínguez autorizó que se diera la oportunidad a la empresa de suministrar otra partida de mascarillas, pero tampoco esta llegó.
La Fiscalía Europea reclamó la instrucción de este caso porque en el expediente de compra de las mascarillas a RR7 consta que se le pagaron con fondos europeos. Hasta ese momento se encargaba el Juzgado 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que ya tomó declaración como imputado a Domínguez el 29 de septiembre de 2022.
Dos meses después, con el caso todavía en Gran Canaria, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez detener al ex director del SCS y acceder a sus correos electrónicos así como a la memoria de su teléfono móvil por temor a que destruyera pruebas, pero el juez no lo aceptó. Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez ha sido imputado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias, de los que también se acusa a la ex directora de Recursos Económicos del SCS Ana María Pérez.
Además de Domínguez, el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro presuntos comisionistas en el caso Mascarillas: los intermediarios de la operación Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras.