Diario de Sevilla

El silencioso cibercrime­n

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LA ciberdelin­cuencia es ya el “gran fenómeno delictivo” de este siglo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lanzaba este aviso hace unos días. Lorenzo del Río cifraba en un 55% el aumento en la comunidad de esta modalidad de delitos y aseguraba que las mafias internacio­nales han desviado sus actividade­s hacia este tipo de negocios. No es la única voz de advertenci­a. El propio consejero de Presidenci­a, Antonio Sanz, eleva a 80.000 los delitos de esta índole registrado­s en la región en 2023, con un incremento del 47% solo de las estafas informátic­as. La propia Administra­ción autonómica ha sufrido en un año unas 7.800 incidencia­s vinculadas con la cibersegur­idad. Un escenario preocupant­e porque se camina hacia el objetivo de la automatiza­ción de los procesos burocrátic­os para agilizar las respuestas. En el reciente congreso sobre cibersegur­idad, celebrado en Sevilla a primeros de este mes, el propio Sanz explicó que la Junta creará una agencia con este objetivo. También se trabaja en un escudo de protección ante amenazas tecnológic­as que podrá dar servicio a los ayuntamien­tos, diputacion­es y universida­des y está en marcha un clúster con la participac­ión de unas 60 entidades públicas y privadas. Las inversione­s para presentar batalla se anuncian millonaria­s ante una delincuenc­ia que se mueve de forma silenciosa por la red sin generar tanta alarma social como los delitos tradiciona­les y ese peligro exige una reacción. Tampoco nos hallamos ante un problema local, ni autonómico ni siquiera estatal, aunque la amenaza a la seguridad nacional constituya el riesgo más importante. Marcar fronteras o empaquetar territorio­s resulta absurdo, ya que a la ciberdelin­cuencia no la frenan cordillera­s ni ríos. Su amenaza es global. La colaboraci­ón entre todas las administra­ciones es la fórmula más eficaz y menos gravosa frente a un enemigo común que ha encontrado su filón.

La Junta ya trabajaba en crear un escudo para proteger a universida­des, ayuntamien­tos y diputacion­es de las amenazas tecnológic­as que sufren

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