Anticorrupción suaviza las penas para los alcaldes de Los Palacios
● Los exime de indemnizar a la Junta y reduce su petición de seis a cuatro años por las ayudas ERE para un centro ecuestre
El juicio a dos alcaldes socialistas de Los Palacios, Emilio Amuedo y Antonio Maestre, y a la interventora municipal por una ayuda de 750.000 euros que el Ayuntamiento recibió hace ya veinte años para construir un centro ecuestre que nunca llegó a ejecutarse quedó ayer visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y con novedades en el último momento. La principal fue que la Fiscalía Anticorrupción redujo en dos años su petición inicial de prisión para los tres acusados en esta pieza separada de la macrocausa de los ERE: los dos políticos y la interventora municipal. Inicialmente solicitó seis años de cárcel para cada uno de ellos y en sus conclusiones definitivas bajó hasta los cuatro años y un día. La razón: al principio los consideró autores materiales de un delito de prevaricación y otro de malversación y al final los ha colocado en la categoría de cooperadores necesarios para la comisión de ambas infracciones.
No fue lo único que varió el Ministerio Público a favor de los procesados. En concreto también suprimió de su escrito de acusación la exigencia de que los tres procesados indemnicen a la Administración con el montante de la subvención que en su día concedió la Dirección General de Trabajo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). “La Junta ha manifestado no tener nada que reclamar”, argumentó el fiscal. En este sentido, en su relato de hechos incluyó que el Ayuntamiento palaciego ya había restituido a la Junta de Andalucía el dinero de la subvención (repartido en tres partidas ingresadas entre 2004 y 2005) más intereses, lo que supuso un reintegro global de más de 800.000 euros. La acusación ejercida por el PP, dicho sea de paso, se adhirió a las conclusiones de la Fiscalía.
El abono de la deuda beneficia a los encausados, pero a ninguno le aplican las acusaciones la atenuante de reparación del daño porque, como recordó también el fiscal, el pago de ese dinero no partió de los acusados “sino del Ayuntamiento”, que para entonces (se produjo de forma fraccionada entre 2014 y 2019) ya estaba en manos de otro partido político (IP-IU Con Andalucía). Eso sí, como reconoció en el juicio el actual alcalde, Juan Manuel Valle, la Junta abrió el expediente de reintegro y reclamó 700.000 euros y fue la interventora acusada en esta causa, que por cierto aún permanece en el cargo, quien corrigió a la Administración y estableció que la cantidad correcta era de 750.000 euros.
Además de la prisión, el fiscal también propuso que los dos alcaldes y la empleada municipal sean inhabilitados durante un total de diecinueve años: once por la malversación y ocho por la prevaricación.
“No consta un proyecto de ejecución ni un estudio de viabilidad económica y financiera, que es una exigencia ligada a todos los proyectos subvencionados con dinero público”, alegó Anticorrupción en su informe. “Tampoco existe un cálculo de los puestos de trabajo que se iban a crear”, añadió. Antes ya había lamentado que el desembolso efectuado por el Gobierno andaluz “supuso una merma importante” en la famosa partida 31L, en teoría creada para ayudar a “colectivos desfavorecidos”.
La Junta, a pesar de no exigir el reintegro del dinero porque hace cinco años que lo recuperó, adoptó la postura contraria a Anticorrupción y endureció sus conclusiones definitivas. De hecho, actuó al revés que la Fiscalía. En su escrito provisional había solicitado cuatro años de cárcel para cada acusado y en el definitivo elevó esa petición hasta los seis años y un día. En cuanto a la inhabilitación, requirió que el periodo sea de quince años y un día. Esta acusación particular sigue considerando que los dos alcaldes y la interventora fueron autores materiales de los dos delitos.
Las defensas, por su parte, mantuvieron como definitivas sus conclusiones provisionales. Es decir, que siguen pidiendo la absolución de sus clientes. La representación de la interventora, como petición alternativa “en el improbable caso” de que la trabajadora sea condenada, interesó que se le apliquen las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas (han transcurrido veinte años desde los hechos y más de una década desde el inicio de la instrucción judicial) y de reparación del daño.
La Junta, al revés que la Fiscalía, eleva su solicitud a seis años para Amuedo y Maestre