La Justicia cierra la puerta a que Escocia organice un referéndum no pactado
Sturgeon quería celebrar un plebiscito consultivo de independencia el 19 de octubre de 2023
LONDRES.- El Parlamento autónomo escocés no tiene competencias para convocar un referéndum consultivo de independencia sin el consentimiento previo del Gobierno de Londres, al ser una cuestión “reservada al Parlamento británico”, según dictaminó ayer el Tribunal Supremo.
Entre una gran expectación mediática, el presidente de la máxima instancia judicial británica, el magistrado Robert Reed, reveló el veredicto “unánime” alcanzado por los cinco jueces que escucharon los argumentos de Edimburgo y Londres.
El caso fue trasladado a la Justicia después de que Sturgeon indicara sus planes para celebrar un plebiscito consultivo de independencia en la región el 19 de octubre de 2023, tras el convocado en 2014, que aprobó continuar en el Reino Unido.
La abogada del Ejecutivo de Edimburgo, Dorothy Bain, había pedido a la máxima instancia judicial británica que determinara esa “cuestión constitucional”: si el Parlamento escocés de Holyrood podría aprobar la legislación requeridaantes de que la ministra principal, la independentista Nicola Sturgeon, enviara para su tramitación el proyecto de ley del referéndum.
Por su parte, el Gobierno de Londres, opuesto a un segundo plebiscito, ha mantenido que es “obvio” que ese proyecto de Ley guarda relación con una cuestión “reservada” a Westminster.
En una breve audiencia, Lord Reed aclaró ayer que “a esta corte no se le ha pedido, y no se le puede pedir, que exprese una opinión sobre la cuestión política de si Escocia debería convertirse en un país independiente”.
Sin embargo, precisó que a lo largo de sus deliberaciones, los jueces han concluido que tienen potestad para pronunciarse sobre
● Argumento. El Tribunal indica en su veredicto que su autorización es una cuestión “reservada al Parlamento británico”.
● Razonamiento. El Supremo entiende que la consulta que el Gobierno nacionalista quiere celebrar el próximo año “tendría consecuencias políticas importantes”. este asunto al haberse aceptado el argumento de que “redunda en el interés público”.
El Supremo entiende que la consulta que el Gobierno nacionalista quiere celebrar el próximo año “tendría consecuencias políticas importantes”. ●