El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto para la nueva Ley de Industria, que busca blindar el empleo
Las empresas deberán mantener la actividad productiva cinco años para obtener ayudas
MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto para la nueva Ley de Industria, que sustituirá a una legislación vigente desde 1992 y con la que busca impulsar el proceso de reindustrialización del país y situarla “a la vanguardia del siglo XXI”, indicó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En abril, el Ejecutivo ya lanzó el proceso de consulta pública sobre esta nueva normatiel va para la industria, con el objetivo de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Maroto señaló que esta futura ley “es un compromiso del Gobierno” para dar respuesta a la urgente necesidad de potenciar la autonomía industrial del país y destacó que “refuerza el papel de la industria, fortalece la soberanía estratégica industrial y adopta nuevos instrumentos de política industrial necesarios mejorar su competitividad”. El objetivo es hacer de la industria “un sector líder en innovación, sostenibilidad y digitalización” y esta ley “involucra a administraciones públicas, agentes y fuerzas políticas ante la urgente necesidad de potenciar la industria en el país”, añadió Maroto.
La titular de Industria añadió que el objetivo es “agilizar” los trámites todo lo posible para que esta nueva ley sea aprobada en segunda ronda “lo antes posible” y se pueda “complementar” con el Pacto por la Industria. En concreto, esta nueva Ley de Industria busca blindar el empleo industrial, estableciendo que las empresas beneficiarias de ayudas públicas deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años, tres años en caso de las pymes. Igualmente, recoge un capítulo especial en la ordenación de los procesos de reindustrialización, en el que se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo.
Para ello, fija que se deben explorar fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados y se dota a los diferentes actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá la Administración General del Estado. ●