Derechos
La reclamación presentada por el expresidente de una federación aut onómic a, que solicita a la RFHE la devolución del dinero que pagó para obtener l os Galopes, por considerar ilegal su cobro, abre un nuevo debate que trasciende mucho más allá del caso puntual que se reclama. En el fondo del asunto subyace una cuestión que es esencial para entender cuál es y debe ser el papel de las federaciones deportivas nacionales, el marco legal al que se deben atener y sus relaciones con los federados.
Parece incuestionable que una federación deportiva es una entidad privada, pero lo que no parece estar tan claro, a pesar de la argumentación del Secretario General de la RFHE que pueden leer en este mismo número (página 24), es que no esté sujeta a reglas y principios administrativos, por ejercer funciones públicas delegadas por la Administración, con lo que ello comporta en cuanto a garantías y controles. Esto es lo que no parece estar tan claro como se ve en Montesquinza, o al menos así nos lo ha explicado el experto en Derecho Administrativo consultado por Ecuestre.
Me parece que sería interesante, sin tener que llegar a un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, requerir un informe jurídico independiente al respecto, con el fin de aclarar y liberar de sospechas, las relaciones entre federación y federados. Unas relaciones que en el caso de la hípica ya están bastante deterioradas como consecuencia de la falta de evolución del ente federativo en su forma de entender el papel que debe desempeñar. Mando y control deberían dejar paso a una mayor vocación y voluntad de servicio en beneficio del federado.
En cualquier caso, me parece improbable que desde dentro, desde el deporte, tanto el Consejo Superior de Deportes como las federaciones nacionales vayan a mover muchos resortes para intentar aclarar la situación. Viven cómodos en su isla, en su mundo aparte, cargado de opacidades, en el que constantemente se apela a la “ley deportiva” como la única que se debe aplicar para resolver cualquier duda. Una “ley deportiva” que reiteradamente apela a los órganos de control internos, las asambleas y las comisiones delegadas, como garantes de la legalidad, cuando todos conocemos su dependencia clientelar, sobre todo en federaciones cuyos equipos de gobierno se eternizan en el cargo.
Por eso, quizá no habría otra opción que llegar a un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para aclarar si las federaciones pueden cobrar lo que quieran y como quieran o si lo que cobren por facilitar la práctica del deporte que tutelan, tiene que estar marcado por Ley. El reclamante en el tema de los Galopes dice que está dispuesto a hacerlo y si lo hace, saldríamos de dudas. No sólo los hípicos, todo el deporte español, porque esta no es una causa contra la RFHE, sino en defensa de los derechos de los federados españoles de cualquier deporte.
