El Confidencial

El abogado que tumbó el 720 inicia otra lucha en Bruselas por los intereses de demora

- Óscar Giménez

Nueva denuncia ante la Comi‐ sión Europea por cuestiones tri‐ butarias. El mismo abogado que inició el proceso que desembocó en que Europa tum‐ bara el modelo 720 ha comen‐ zado ahora otra lucha en Bruse‐ las, esta vez en relación con la tributació­n por los intereses de demora.

Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligen­ce en Ma‐ llorca, ha presentado una de‐ nuncia ante la Comisión Euro‐ pea por la postura del Tribunal Supremo y de Hacienda con los intereses de demora. La tributa‐ ción por este concepto puede ser más de la mitad de la cuan‐ tía, y sin poder descontar gas‐ tos asociados como el aseso‐ ramiento jurídico.

A principios del año pasado, por sorpresa y en un controvert­ido fallo, el Supremo cambió de cri‐ terio al fijar que los contribuye­n‐ tes deben tributar por los intere‐ ses de demora. Estos son los que paga Hacienda cuando de‐ vuelve una cantidad al contribu‐ yente. En los últimos presu‐ puestos, se fijaron en el 4,06%. La sentencia del Supremo con‐ tradijo otro fallo del alto tribunal en 2020, que dijo lo contrario. Los borradores de la declara‐ ción de la renta 2022 ya han in‐ cluido los intereses de demora cuando los hay para tributar por ello.

Hacienda incluye los intereses de demora en el borrador del IR‐ PF

Óscar Giménez La Agencia Tri‐ butaria se ha movido rápido tras la sentencia del Supremo que obliga a los contribuye­ntes a tributar por los intereses que paga Hacienda

De hecho, hay fallos de los tri‐ bunales económico-administra‐

tivos de Hacienda que, cuando dan la razón al contribuye­nte y este recupera una cuantía con intereses, le recuerdan que de‐ be pagar una parte de vuelta a la Agencia Tributaria como ga‐ nancia patrimonia­l. Precisa‐ mente, el Supremo no solo cambió de criterio al obligar a los contribuye­ntes a tributar por los intereses de demora, sino que estableció que son una ga‐ nancia patrimonia­l, y no rendi‐ mientos del capital. Esto quiere decir que se incrustan en la ba‐ se imponible del IRPF, en que el tipo marginal supera el 50% en algunas regiones.

En una resolución posterior de la Dirección General de Tribu‐ tos (V0238-23 del 13 de febrero de 2023), el organismo de Ha‐ cienda negó a los contribuye­n‐ tes la posibilida­d de deducir de la tributació­n gastos asocia‐ dos, como los de asesoramie­n‐ to jurídico. Así, si un contribu‐ yente ha contratado un despa‐ cho de abogados para pleitear con Hacienda y al final tiene ra‐ zón, recuperará el dinero, pero tributará por los intereses de demora y no podrá suavizar el golpe con el coste jurídico. El argumento de Alejandro del Campo, que en su día denunció el modelo 720 y las multas aso‐ ciadas a los contribuye­ntes es‐ pañoles en el extranjero que no lo declaraban, es que este sis‐ tema validado por el Supremo y por Hacienda atenta contra el derecho europeo.

Miedo entre grandes fortunas a que Hacienda grave los intere‐ ses de demora desde 2019

Óscar Giménez El Supremo mo‐ difica su criterio y pasa a consi‐ derar que se debe tributar por los intereses de demora. Los despachos temen que haya re‐ clamacione­s por los últimos cuatro años

Del Campo ha argumentad­o en la denuncia que hay pronuncia‐ mientos del Tribunal de Justi‐ cia de la Unión Europea (TJUE) que indican que limitar el cobro de intereses por devolucion­es de pago indebidos vulnera los principios de efectivida­d y cooperació­n leal. Así lo indican, asegura, las sentencias del 8 de junio de 2023 (asunto C322/22), del 19 de julio de 2012 (asunto C-591/10) y del 27 de abril de 2022 (asuntos C415/20, C-419/20 y C-427/20). La Comisión Europea decidirá en los próximos meses si archi‐ va la denuncia o, por el contra‐ rio, inicia conversaci­ones con las autoridade­s tributaria­s es‐ pañolas, que pueden conllevar un procedimie­nto de sanción. No es ni la primera ni la segun‐ da vez que Del Campo acude a Bruselas con cuestiones fisca‐ les españolas. Además de de‐ nunciar el 720, hizo lo propio hace un año con la decisión de Hacienda de gravar a los inver‐ sores extranjero­s en ladrillo es‐ pañol cuando invierten desde sociedades domiciliad­as en el extranjero, exigiendo tributar por todo el perímetro de la so‐ ciedad en los impuestos al pa‐ trimonio o de solidarida­d para las grandes fortunas. En este caso, la Comisión Europea ar‐ chivó la denuncia, que no ha prosperado.

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