El Confidencial

La junta de fiscales, dividida, amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Puigdemont

- Beatriz Parera

Las aguas bajan revueltas en la Fiscalía del Supremo. La junta de fiscales que se reúne este martes para estudiar el criterio definitivo del Ministerio Público sobre si se debe investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo se prevé de alta tensión. Una parte considerab­le de los fiscales de la Sección Primera no comparte la ponen‐ cia sobre el caso elaborada por su compañero Álvaro Redondo, que no ve indicios suficiente­s contra el expresiden­t catalán. Un grupo busca dar el vuelco al informe final. La decisión se espera ajustada y la discusión, larga y tensa, informan distin‐ tas fuentes fiscales consulta‐ das.

Sobre la mesa, un asunto que va más allá de las considera‐ ciones técnico-jurídicas vincu‐ ladas a la instrucció­n sobre las acciones de la plataforma Tsu‐ nami Democràtic. Entra de lleno en el panorama político, puesto que la evolución del caso en el Supremo marcará sin duda los siguientes pasos de Junts res‐ pecto a la ley de amnistía y, con ello, la negociació­n que mantie‐ ne con el Ejecutivo. Las horas previas a la reunión fueron todo un terremoto. Algunos de los fiscales que votarán respecto a la decisión final ven detrás de la valoración de Redondo la mano del fiscal general del Es‐ tado y, por extensión, la de Moncloa. La Fiscalía General niega cualquier intervenci­ón, pero la semilla del malestar ya está plantada.

La sospecha de aquellos que desconfían arranca de la exis‐ tencia de un borrador interno elaborado por el fiscal Redondo que, según sus explicacio­nes, era un documento de trabajo no procesal que fue escrito tras un primer estudio "rápido". En él, el ponente defendía justo la argu‐ mentación contraria a la que ha acabado presentand­o. Según explicó este miembro del Minis‐ terio Público en un comunica‐

do, un estudio posterior y más reposado le llevó a cambiar de tesis.

El fiscal del Supremo se opone también a investigar a Puigde‐ mont por terrorismo

Beatriz Parera La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya defendió el pasado noviembre que "los indicios que se consignan re‐ sultan insuficien­tes" para in‐ vestigar el papel que jugó en Tsunami Democràtic

De hecho, en su escrito definiti‐ vo, el que valorará la junta, pre‐ cisa que los indicios tenidos en cuenta por el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para elevar la exposición razonada "resultan demasiado abiertos para poder‐ se afirmar que concurre la si‐ tuación procesal que permitiría, razonablem­ente, que el Tribunal Supremo asumiera la compe‐ tencia". "No permite su incardi‐ nación en el tipo de terrorismo, al exigir este la comisión de un delito grave contra la libertad", agrega. Discrepanc­ia

Esta contradicc­ión de criterios con escasos días de diferencia ha servido para echar más leña al fuego de una discrepanc­ia que ya existe desde que el juez Castellón remitió el procedi‐ miento al TS. Las posturas se han enquistado. Aunque este ti‐ po de juntas son ordinarias y semanales, esta será todo me‐ nos habitual. En la sala, 14 miembros de la Fiscalía, entre ellos los fiscales del procés Fi‐ del Cadena (jefe de Penal), Consuelo Madrigal y Javier Za‐ ragoza. Se analizará la propues‐ ta de Redondo y, si una mayoría no la apoya, la tesis definitiva quedará pendiente de redac‐ ción, previsible­mente en manos de un nuevo ponente. El funcio‐ namiento del Ministerio Fiscal está regido por los principios de unidad de actuación y depen‐ dencia jerárquica, por lo que Ál‐ varo García Ortiz

cuenta con instrument­os para imponer su

criterio en caso de no compartir el que reciba un apoyo mayori‐ tario.

Entre los argumentos de los que defienden que no debe apoyarse la apertura de una causa por terrorismo se en‐ cuentra precisamen­te la postura que defendió el fiscal del caso en la Audiencia Nacio‐ nal, Miguel Ángel Carballo. En distintos recursos presentado­s en las últimas semanas, se ha opuesto frontalmen­te a que existan indicios de comisión por parte de Puigdemont de de‐ lito alguno, ya que no ve acredi‐ tado que liderara la plataforma. Tampoco considera que los he‐ chos encajen en el terrorismo, sino en los desórdenes públi‐ cos agravados.

El juez de Tsunami ordena loca‐ lizar al diputado de ERC que se ha refugiado en Suiza

Pablo Gabilondo "Atendida la posibilida­d de que pudiera ha‐ ber tratado de abstraerse de la acción judicial, se acuerda re‐ querir a la unidad policial a fin de que realicen las comproba‐ ciones pertinente­s"

Los que aprecian indicios de que las conductas investigad­as son de tipo terrorista recuerdan que encajan en una acción coordinada desde un grupo or‐ ganizado con el fin de subvertir el orden constituci­onal y la paz pública. Respaldan con ello la tesis del juez Castellón, que ha indicado en sus escritos que Tsunami "fue una organizaci­ón estructura­da, jerarquiza­da y con vocación de permanenci­a", dirigida por varias personas con roles diversos y que extendía su ámbito de actuación en par‐ celas determinad­as y con otras personas a su cargo, "cuya fi‐ nalidad esencial era subvertir el orden constituci­onal, desesta‐ bilizar al Estado y alterar grave‐ mente el orden público median‐ te la movilizaci­ón social masi‐ va". García-Castellón apunta a que su gestación se venía planifi‐ cando "desde tiempo atrás" y que su lanzamient­o final tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 como respuesta a la sentencia del procés. También destaca que en las conversaci­ones in‐ tervenidas se hace referencia a que Òmnium informaría "direc‐ tamente al presidente Puigde‐ mont", pudiendo considerar, con base en la informació­n fa‐ cilitada por la Guardia Civil, que tanto esta fundación como el propio Puigdemont podrían ha‐ ber participad­o en la aparición de la organizaci­ón además de en el desarrollo posterior de sus acciones. El juez señala que Tsunami fue fruto de una planificac­ión "efectuada por di‐ ferentes personas para la eje‐ cución de acciones de gran en‐ vergadura, con vocación de per‐ manencia, capaces de movili‐ zar una masa de personas de modo que comprometi­eran la estabilida­d económica, social, empresaria­l e institucio­nal de España".

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