Puigdemont ya se prepara para afrontar una causa por terrorismo en el Supremo
Carles Puigdemont da por he‐ cho que el Tribunal Supremo abrirá un procedimiento en su contra por la comisión de un delito de terrorismo y ha co‐ menzado ya a armar su defen‐ sa. Según indican a El Confi‐ dencial fuentes del entorno del expresident de Cataluña, el cri‐ terio mayoritario de los fiscales de penal del alto tribunal ha acabado por convencer al líder de Junts de que el inicio de una nueva causa en su contra está cerca. Esa posibilidad —para él, certeza, concretan las fuentes consultadas— ha tenido dos efectos. En la vertiente política, ha incrementado su convenci‐ miento de que la ley de amnis‐ tía no le brinda la protección su‐ ficiente con su actual redac‐ ción. En la jurídica, sus letrados ya estudian cómo responder a una acusación de ese tipo. Como ya sucediera en el caso del procedimiento que instruye el juez Pablo Llarena, la convic‐ ción del expresident y de sus asesores es que el corazón de la batalla legal se encontrará en Europa. Por eso trabajan para contestar a la acusación de di‐ rección de los actos de la plata‐ forma Tsunami Democràtic con resoluciones anteriores del Tri‐ bunal de Justicia de la Unión Europea. La intención inicial es discutir la competencia del alto tribunal, una estrategia que ha sido también un clásico en el caso de la instrucción sobre los preparativos para el 1-O. La defensa del expresidente está convencida de que el Tri‐ bunal Supremo debe renunciar a la competencia a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al haber sucedido los hechos en aquella comunidad. No solo eso, considera que el fallo dictado por el TJUE el 31 de enero de 2023 avala esta ar‐ gumentación. Puigdemont se agarra, para ello, a uno de los párrafos de esa resolución. En su punto 100, el tribunal con se‐ de en Luxemburgo asegura que no puede considerarse un tribu‐ nal establecido por la ley "un tri‐ bunal supremo nacional que re‐ suelva en primera y última ins‐ tancia sobre un asunto penal, sin disponer de una base legal expresa que le confiera compe‐ tencia para enjuiciar a la totali‐ dad de los encausados". Si el Supremo es competente, indi‐ can las fuentes consultadas, "se privaría a Puigdemont de parte de sus derechos funda‐ mentales, incluido el derecho a la doble instancia penal". Discutir la competencia será así el trampolín inicial desde el que lanzarse a discutir tanto el encaje de los hechos en el tipo penal de terrorismo como la participación de Puigdemont en los actos de Tsunami o que diri‐ giera la estrategia de la plata‐ forma. Respecto al primer pun‐ to, los abogados de Puigdemo‐ nt tienen parte del trabajo he‐ cho. En defensa de Josep Lluís Alay, ya imputado en la Audien‐ cia Nacional, el abogado Gon‐ zalo Boye ha ido presentando toda una tanda de escritos que podrá adaptar en su defensa de Puigdemont ante el alto tribu‐ nal, en caso de que sus sospe‐ chas acaben confirmándose.
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Para el equipo legal del expresi‐ dente, "el ejercicio legítimo de derechos fundamentales ja‐ más ha sido terrorismo y Tsu‐ nami fue el ejercicio legítimo del derecho de manifestación". En protestas de ese tipo, ase‐ guran varias fuentes del en‐ torno, pueden producirse exce‐ sos por parte de individuos ais‐ lados sobre los que cabría ac‐ tuar de forma individualizada. "Solo en regímenes dictatoria‐ les se confunde el derecho de manifestación con un delito de terrorismo", agregan.
Gran parte de estos argumen‐ tos quedan ya reflejados en el escrito de apelación que pre‐ sentó Boye contra la exposición razonada remitida por el juez Manuel García-Castellón, el ori‐ gen de la decisión que tiene que adoptar ahora el Supremo. Otro de los puntales de la de‐ fensa, ya tradicional también en la defensa de los líderes in‐ dependentistas, será el de la persecución ideológica. El re‐ curso ya lo desliza. "No deja de resultar sorprendente que unas mismas personas puedan pa‐ sar de elementos rebeldes a elementos terroristas y todo ello basado en un único hilo conductor: sus ideas políticas, y, a pesar de ello, pretender que este procedimiento no parezca una persecución política", dice. Esa idea ya flota en muchas de las afirmaciones públicas de Puigdemont, como la carta que remitió este jueves al resto de eurodiputados en la que se pin‐ ta como un perseguido y ase‐ gura que la decisión del juez de la Audiencia Nacional de inves‐ tigarle por terrorismo "no se produjo por generación espon‐ tánea".
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Entre las alegaciones, la defen‐ sa destaca que el procedimien‐ to es "especulativo y prospecti‐ vo" e incide en que, a lo largo de cuatro años de instrucción en secreto, no se han producido avances significativos. Tam‐ bién deslizará dudas sobre la imparcialidad del propio Supre‐ mo, por considerar "chocante" que sea la propia Sala Segunda quien tenga que investigar unos hechos, calificados de terroris‐ tas, que surgen como reacción movilizadora en la calle, en pro‐ testa por una de sus senten‐ cias, la del procés.
La estrategia legal vendrá acompañada de una estrategia paralela de denuncia pública de la existencia de un supuesto lawfare, una guerra sucia judi‐ cial contra el independentismo catalán. Las acusaciones des‐ de Junts a los jueces han sido constantes desde hace sema‐ nas y el propio Puigdemont las alimentó de nuevo hace unas horas. "El hecho de que el juez decidiera reavivar la causa el mismo día en que se firmaba el acuerdo político de investidura no es una coincidencia, porque se sabe desde hace años que algunos magistrados coordinan las agendas judiciales con las políticas", lanzó. En una carta compartida en las redes socia‐ les, además, aseguró que si hu‐ biera apoyado a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Go‐ bierno, no estaría investigado por terrorismo.
La prórroga "irregular"
La otra baza que cuenta con esgrimir el expresident catalán es la nulidad de la causa por errores en la prórroga de la in‐ vestigación. Argumenta que el juez instructor contaba con un plazo de 12 meses para dictar la extensión de la investigación y que se retrasó varios días. Defiende que las diligencias previas arrancaron mediante auto de 30 de octubre de 2019 y fueron anteriores a la reforma de 2020 sin que el plazo en el que se mantuvo secreto com‐ pute a efectos del transcurso de los plazos de instrucción. La reforma legal se aprobó con el procedimiento bajo cautela, por lo que el día inicial para el cóm‐ puto de los plazos de instruc‐ ción sería el día de entrada en vigor de esa ley.
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El plazo del procedimiento aca‐ baba el 29 de julio de 2021. No obstante, el plazo se prorrogó mediante auto de 30 de julio de 2021 —que consta firmado re‐ cién el 2 de agosto de 2021 y con carácter retroactivo, ya que no se puede entender dictado sino hasta el momento de su firma el 2 de agosto de 2021—. Según esta tesis, que ya ha re‐ chazado el instructor de la Au‐ diencia Nacional, todo lo acor‐ dado desde esa fecha es nulo de pleno derecho.