El Caso McGrail de Gibraltar: cuando una trama policial en el peñón supera a Hollywood
Una jubilación anticipada del comisario de policía. Un pre‐ sunto "pirateo y sabotaje" del Sistema Centralizado de Inteli‐ gencia de Seguridad Nacional. Un homicidio imprudente de dos narcos arrollados por una patrullera. Un Gobierno acusa‐ do de corrupción. Abogados con prestigio internacional. Y la aprobación en el último mo‐ mento de una ley que podría impedir la publicación de algu‐ nos datos de la investigación. Gibraltar tiene una población de alrededor de 33.000 perso‐ nas y cuenta con una superfi‐ cie que no llega a los siete ki‐ lómetros cuadrados. Pero se ha convertido en el escenario de una trama que, presentada en Hollywood, se habría recha‐ zado muy posiblemente por ser demasiado inverosímil. La investigación independiente del Caso McGrail comienza el 8 de abril y no puede haber más expectación.
Uno de los protagonistas es el mismo Fabian Picardo, quien en marzo del año pasado reno‐ vó un cuarto mandato como ministro principal del Peñón, y ahora acusa a sus críticos de intentar usurparlo para que los llanitos sean gobernados di‐ rectamente desde Londres. No se trata de un asunto menor, pero se acusa al Ejecutivo de Reino Unido de estar haciendo la vista gorda a todo lo que es‐ tá ocurriendo en el territorio de dominio británico situado en suelo español, con gran impor‐ tancia estratégica para no po‐ ner en peligro las actuales ne‐ gociaciones post-Brexit. Han pasado ya ocho años del histórico divorcio, pero el esta‐ tus en el que queda ahora Gi‐ braltar -cuya frontera es la úni‐ ca terrestre, junto con la Irlan‐ desa, que divide ahora al Reino Unido de la UE- sigue sin resol‐ verse. Alrededor de 30.000 personas cruzan a diario la verja. Entre ellos, 15.000 traba‐ jadores, de los cuales 10.000 son españoles. Ambas partes hablan de la importancia de encontrar una "solución prag‐ mática de convivencia". Pero el tema de la soberanía, siempre está ahí. Una caída del Go‐ bierno de Picardo supondría un auténtico mazazo para la fase crítica de estas negocia‐ ciones que, a priori, se quieren concluir antes de las eleccio‐ nes europeas de junio.
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Europa Press Durante un acto en Sevilla, Schinas comentó que la negociación "dura más de lo que se esperaba", al tiem‐ po que vaticinó que no será posible alcanzar un acuerdo antes de las europeas de junio Fue el 4 de febrero de 2022 cuando el propio Ejecutivo de Picardo convocó una investi‐ gación independiente sobre las "razones y circunstancias" que llevaron al comisario de policía Ian McGrail (ahora 44 años) a jubilarse anticipada‐ mente.
La clave está en la llamada
Operación Delhi. El comisario estaba al frente de la investi‐ gación policial sobre "el pre‐ sunto pirateo y sabotaje" del Sistema Centralizado de Inteli‐ gencia de Seguridad Nacional del Gobierno del Peñón y una supuesta conspiración para defraudar a Bland, la empresa privada que opera el sistema. McGrail alega que el desacuer‐ do entre el Fiscal General y Pi‐ cardo con sus métodos llevó a que lo "expulsaran".
Pero el Ejecutivo de la Roca lo niega y asegura en el entonces gobernador en funciones, Nick Pyle, -quien representa al mo‐ narca británico en el Peñón y que es el responsable en de la policía- había perdido la con‐ fianza en el comisario por una serie de incidentes de los años anteriores. La confianza acabó perdiéndose ya completamen‐ te cuando supuestamente Mc‐ Grail no informó adecuada‐ mente sobre el grave incidente internacional en el que un jura‐ do forense determinó que dos españoles habían sido vícti‐ mas de homicidio imprudente cuando su barco fue embesti‐ do por una patrulla del Peñón. En la madrugada del 8 de mar‐ zo de 2020, a 6,36 millas al es‐ te de la playa de Santa Bárbara de La Línea de la Concepción es decir, aguas españolas- una patrullera de la policía gibralta‐ reña golpeó a una lancha de narcotraficantes que en ese momento no llevaban droga. En el suceso perdieron la vida dos ceutíes. Los otros dos su‐ pervivientes aseguraron que los agentes no auxiliaron al tri‐ pulante más grave.
En mayo de 2020, tres meses después de ese suceso, como parte de la Operación Delhi, se lleva a cabo un registro en Hassans, uno de los principa‐ les bufetes de abogados de Gi‐ braltar. También se lleva a ca‐ bo registro en la casa del so‐ cio principal, James Levy. Esto acapara gran atención mediáti‐ ca, ya que Picardo estuvo tra‐ bajando 20 años en el bufete y es aun socio -mientras está de excedencia por cargo políticoy amigo de Levy.
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Nacho Alarcón. Bruselas Los ministros de Exteriores de Es‐ paña y el Reino Unido se reúnen en la sede de la OTAN mientras los equipos técnicos tratan de cerrar los últimos "flecos", según Albares Hassans iba a ser el beneficia‐ rio potencial de una empresa que prometía grandes contra‐ tos de Seguridad. Lo que su‐ puestamente Levy no sabía es que las personas que estaban detrás de la suculenta oferta acabarían siendo acusados de delitos informáticos y conspi‐ ración al intentar apropiarse del software perteneciente a Bland -la compañía para la que trabajaban encargada del Sis‐ tema Centralizado de Inteli‐ gencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Gibraltar-. Según el equipo legal del ya ex comisario de policía, se le de‐ negó investigar más el caso porque Picardo tenía intereses económicos. Pero, en declara‐ ciones a The Times, Picardo niega cualquier conflicto de in‐ tereses, diciendo que él mismo ayudó a instigar la Operación Delhi y dejó claro por escrito que el contrato de seguridad no iría a parar a la empresa vinculada a Hassans. Insiste además en que no tuvo ningún problema con que el comisario de policía investigara a Levy, quien nunca fue acusado, ya no es objeto de investigación policial y ha negado haber ac‐ tuado mal.
Picardo dice, sin embargo, que el comisario lo engañó -éste lo niega- y, sin hacer caso a la Fiscalía, usó una orden de re‐ gistro en lugar de una orden de presentación -una solicitud le‐ gal para pasar documentos y otro material- que no habría si‐ do tan mano dura.
En la Operación Delhi se acusó a otras tres personas, entre ellas un alto funcionario públi‐ co, de conspiración por fraude. Los tres negaron haber actua‐ do mal y en enero de 2022, un mes antes de una solicitud de despido programada y antes de que el Gobierno cediera a la presión para convocar una in‐ vestigación pública sobre la abrupta salida de McGrail, se suspendieron los procesa‐ mientos.
Picardo dice que el comisario lo engañó y, sin hacer caso a la Fiscalía, usó una orden de re‐ gistro en lugar de una orden de presentación
El Fiscal General utilizó un me‐ canismo poco utilizado cono‐ cido como nolle prosequi, di‐ ciendo que había pruebas sufi‐ cientes para un juicio, pero pu‐ so fin al proceso, citando "asuntos de interés público más amplio".
El 9 de junio de 2020, el comi‐ sario de policía acababa anun‐ ciando su jubilación anticipa‐ da. Sus abogados aseguran que fue "una decisión extrema‐ damente difícil sucumbir a las presiones que estaba recibien‐ do". Pero sus críticos conside‐ ran que, viendo que iba a salir a la luz las razones por las que había perdido la confianza de las autoridades, decidió jubilar‐ se antes de ser expulsado, lo que le habría dejado sin pen‐ sión.
Siempre hay dos caras de la moneda. Pero todo apunta a que el equipo legal del excomi‐ sario está llevando a cabo una efectiva campaña mediática, ya que, rotativos británicos tan reputados como The Times es‐ tán describiendo a Gibraltar como una "república banane‐ ra".
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Celia Maza. Londres El gober‐ nador de la Roca acusa a Es‐ paña de estancar las negocia‐ ciones al pedir "un marco regu‐ latorio sobre la gestión del ae‐ ropuerto", algo que considera intolerable para la soberanía El despacho de abogados que representa al excomisario es Doughty Chambers de Lon‐ dres. Sus pesos pesados para este caso son Caoilfhionn Ga‐ llagher, abogada de derechos humanos de renombre interna‐ cional que representó al acti‐ vista por la democracia
de Ho‐
ng Kong Jimmy Lai,y Patrick Gibbs, que consiguió la abso‐ lución del actor Kevin Spacey en el juicio por agresión sexual el verano pasado. Hasta la fe‐ cha -cuando la investigación propiamente dicha aún no ha comenzado- han cobrado más de 750.000 libras, una factura que, al tratarse de investiga‐ ción pública, paga el erario pú‐ blico, es decir, los gibraltare‐ ños.
Por su parte, Picardo está re‐ presentado por Peter Caruana -su antecesor como ministro principal de Gibraltar, con el partido socialdemócrata que ahora ocupa la oposición-. Ca‐ ruana también representa a Michael Llamas (Fiscal Gene‐ ral) y Nick Pyle (exgobernador de Gibraltar).
Desde que anunció su jubila‐ ción anticipada, McGrail se ha enfrentado a una serie de acu‐ saciones de irregularidades por parte de colegas policiales a quienes el Gobierno les dio cartas de garantía de que si hablaban y sus posiciones se volvían insostenibles, podrían ser transferidos con el mismo salario y condiciones a otros departamentos gubernamen‐ tales. Entre las acusaciones, se encontraba un caso de su‐ puesta agresión sexual del que finalmente declarado inocente.
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Ignacio Cembrero El ministerio que dirige Albares se queja an‐ te el Reino Unido por las ma‐ niobras de un barco auxiliar del puerto del Peñón que puso en riesgo la vida de funciona‐ rios de Aduanas Algunos policías que se pre‐ sentaron han sido arrestados y acusados de dar declaracio‐ nes falsas después de recibir las cartas, que no parecen te‐ ner ningún fundamento en la legislación sobre denuncia de irregularidades.
Aunque Picardo insiste en que las cartas son un proceso de "excelente Gobierno" que ofre‐ ce la protección adecuada, que debe estar en ellas su firma como jefe de una administra‐ ción pequeña y que desconoce los detalles de cada caso. El pasado 1 de marzo, Peter Openshaw, juez retirado del Tribunal Superior de Reino Uni‐ do y presidente ahora de la in‐ vestigación independiente, anunció que investigaría las acusaciones que se ofrecieron incentivos a cambio de aportar pruebas para la pesquisa. McGrail ha enfrentado acusa‐ ciones por parte de policías a quienes el Gobierno les dio cartas de garantía de ser transferidos con el mismo sa‐ lario
Si ya de por sí la trama no fue‐ ra lo suficientemente compleja hay un elemento más que aña‐ dir. El Gobierno de la Roca ha sido criticado por aprobar tan sólo días antes de que co‐ mience la investigación una nueva ley que puede detener, modificar o afectar el proceso de la pesquisa.
La nueva normativa actualiza la legislación de 1888 relativa a la Comisión de Investigación para igualarla a los estándares actuales de Reino Unido. Inclu‐ ye la posibilidad de restringir cierta información únicamente a los participantes en la inves‐ tigación. Desde el Ejecutivo defienden que se trata de una medida normal para cubrir cuestiones que afectan a la se‐ guridad nacional, pero que en ningún caso obstaculiza la ac‐ tividad de la Investigación. El Gobierno se ha comprometido a no clausurar la investigación. Pero el líder de la oposición, Keith Azopardi, responsable de los social demócratas, -cuyos diputados votaron en contra de la ley- asegura que "Picardo busca secuestrar el proceso". Por su parte, Picardo afirma que tanto la oposición como el equipo legal del excomisario lo han sometido a un "juicio me‐ diático" y a una difamación. En declaraciones a The Times, matizó que el público solo po‐ dría creer que se ha cometido un delito si "cayera en la tram‐ pa de creer genuinamente que el político nunca es capaz de actuar honestamente".