El déficit latente de España: los riesgos de sentencias judiciales superan los 13.000 M
Los tribunales españoles han pintado la cara al Estado en numerosas ocasiones en los últimos años por sus decisio‐ nes fiscales. Su forma de le‐ gislar (por ejemplo, abusando del real decreto-ley), sus deci‐ siones arbitrarias incumplien‐ do contratos o el atropello de algunos derechos de los agen‐ tes privados han generado nu‐ merosas sentencias contra las distintas Administraciones Pú‐ blicas. Entre los ejemplos es‐ tán los fallos contra el céntimo sanitario, la amnistía fiscal, reforma del impuesto sobre sociedades o los laudos por la retribución de las renovables. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AI‐ ReF) ha hecho un repaso de los juicios que están pendien‐ tes de sentencia firme o de aplicación y que podrían supo‐ ner más desembolso para las arcas públicas. Un déficit la‐ tente que podría superar los 13.000 millones de euros por la mala praxis de los diferen‐ tes gobiernos. "Son las causas judiciales abiertas que, en el caso de resolverse de manera desfavorable a los intereses del Estado, podrían tener un impacto significativo en el défi‐ cit", advierte la AIReF.
La mayor parte de los litigios abiertos "se refieren a determi‐ nados aspectos de la regula‐ ción de las figuras impositi‐ vas", detalla la AIReF, pero hay otros que están relacionados con "contratos de concesión, primas a las energías renova‐ bles o la regulación del bono social eléctrico". El Ministerio de Hacienda cuantifica, en la cuenta general, riesgos por va‐ lor de 13.500 millones de eu‐ ros, pero existen otros juicios que el ministerio no ha conta‐ bilizado y que la AIReF ha re‐ copilado.
Uno de los más relevantes es la sentencia del Tribunal Cons‐ titucional de enero de 2023 contra la reforma del impuesto sobre sociedades que aprobó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2016 ante la caída de recauda‐ ción del tributo (RDL 3/2016). Aunque la abogacía del estado está tratando de minimizar el impacto para las arcas públi‐
la
cas, las empresas del Ibex 35 incluyeron en sus cuentas anuales de ese año 2023 un cálculo de un impacto a su fa‐ vor de 1.000 millones de eu‐ ros.
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Otro de los más importantes es la devolución del IRPF a pensionistas que cotizaron a mutualidades, sentenciada por el Tribunal Supremo en febrero de 2023. También se trata de una sentencia firme cuya devo‐ lución comenzó a realizar Ha‐ cienda el año pasado, pero no ha sido hasta este año cuando ha establecido un mecanismo para la reclamación a los afec‐ tados. La AIReF no hace cálcu‐ los sobre la cuantía de estas devoluciones, tampoco el Mi‐ nisterio de Hacienda, ya que "dependerá del número de soli‐ citudes que finalmente se ma‐ terialicen". Como es habitual, la Agencia Tributaria no hace estas devoluciones de oficio, sino que tienen que ser los afectados quienes reclamen. La mala regulación
El Tribunal Supremo también falló contra el Estado en el im‐ puesto de actividades econó‐ micas para los operadores de telefonía móvil. Hacienda co‐ menzó las devoluciones en 2023 pero la AIReF prevé que continúen en 2024. El Estado tampoco ha hecho un cálculo de cuál podría ser su cuantía. La AIReF lamenta que el Minis‐ terio de Hacienda no haya se‐ ñalado la existencia de estos riesgos legales en su cuenta general. Si no se contabilizan ni se provisionan estos ries‐ gos, lo que ocurre es que, de forma repentina, las adminis‐ traciones públicas tienen que hacer frente a unos gastos im‐ previstos que pueden descua‐ drar la senda de estabilidad. Uno de los juicios más impor‐ tantes que tiene España por delante, en términos de cuan‐ tías, es el del impuesto espe‐ cial de hidrocarburos. Los tri‐ bunales españoles han plan‐ teado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respecto al tramo auto‐ nómico del impuesto, que tie‐ ne diferentes tipos en las dis‐ tintas CCAA para un mismo producto, lo que genera dudas legales. El montante en juego asciende hasta los 6.500 millo‐ nes de euros.
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España también tiene abiertos
arbitrajes internacionales deri‐ vados de las primas a las ener‐ gías renovables. Actualmente están recurridos, por parte del Gobierno, laudos desfavora‐ bles para las arcas públicas por valor de 1.164 millones de euros.
Las concesiones de autopistas también han generado una im‐ portante batalla judicial para la administración central, ya que los pliegos de condiciones de los contratos han sido muy mejorables. Los procesos abiertos superan los 500 millo‐ nes de euros.
Además, la AIReF señala que existen "otros riesgos sobre los que de manera reiterada no se conoce su cuantía y no se ofrece información", alerta. Uno de ellos es el riesgo de morosidad derivado de
los
avales concedidos a empresas durante la pandemia y la crisis inflacionista. Se han entregado más de 100.000 millones de euros en avales del ICO que está por ver en qué porcentaje se recuperan.
La AIReF señala que existen "otros riesgos sobre los que de manera reiterada no se conoce su cuantía y no se ofrece infor‐ mación"
Pero hay otras partidas que dependen directamente de la voluntad política. Por ejemplo, la inversión en Defensa en el marco del compromiso con la OTAN para aumentar esta par‐ tida. El Gobierno no ha cuanti‐ ficado cuál es el plan de incre‐ mento de este gasto público, ni los plazos ni cómo se finan‐ ciará (si con subidas de im‐ puestos, recortes de otros gas‐ tos o déficit). Estos pasivos contingentes podrían desenca‐ denarse en un momento deli‐ cado por la vuelta de las reglas fiscales, que obligarán a Espa‐ ña a contener el gasto público o a subir los ingresos.
A futuro, el Gobierno tiene otros frentes abiertos, como los dos gravámenes extraordi‐ narios sobre los ingresos de los bancos y las energéticas. Estas figuras, diseñadas con el modelo de prestación patrimo‐ nial no tributaria, podrían caer en doble imposición o incum‐ plir el principio de capacidad económica exigible a todos los impuestos. En 2023 el Estado recaudó más de 2.000 millo‐ nes de euros con estas dos fi‐ guras, pero ahora tendrán que pronunciarse los tribunales so‐ bre su viabilidad.