La amnistía rompe la Fiscalía a meses de su aprobación y anticipa tensiones para aplicarla
El último enfrentamiento sobre la ley de amnistía entre la ma‐ yoría del Consejo Fiscal, de signo conservador, y el respon‐ sable máximo del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, designado por el Gobierno de Pedro Sánchez, no es un epi‐ sodio más. El tira y afloja ha mostrado la profunda división que existe en la carrera res‐ pecto a la norma y anticipa que habrá desavenencias en un futuro inmediato. La Fisca‐ lía se ha roto en dos y una de las partes discute la legitimi‐ dad de una ley sobre cuya apli‐ cación a cada caso práctico deberán informar los fiscales. La disparidad de criterio evi‐ dencia que se producirán fuer‐ tes tensiones a la hora de valo‐ rar los casos de los beneficia‐ dos potenciales y decidir al respecto.
El episodio se suma al vivido recientemente sobre Carles Puigdemont y la causa por te‐ rrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic, en el que la mayoría de la Junta de Fis‐ cales del Supremo no compar‐ tió el criterio de la dos del jefe.
Ambos sucesos muestran que existen interpretaciones no so‐ lo distintas, sino incluso radi‐
El órgano que dirige García Ortiz lleva meses preparándose para la entrada en vigor de la norma. Ya en di‐ ciembre se dirigió a las fisca‐ lías del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y a la Fis‐ calía Superior de Cataluña pa‐ ra reclamar a todas ellas infor‐ mación "detallada, individuali‐ zada y sistematizada" del esta‐ do en el que se encuentran ca‐ da uno de esos procesos. Esta "diligencia" en reunir cuantos procedimientos pena‐ les se hayan tramitado en esas fiscalías
en relación con el pro‐ ceso independentista catalán y
demás hechos abarcados por la proposición de ley levantó, ya desde un inicio, suspica‐ cias. Las fiscalías esperan que una vez que la norma acabe su periplo parlamentario y vea de‐ finitivamente la luz, la jefatura emita instrucciones sobre las causas. Que el criterio impues‐ to cuadre con el personal de cada fiscal es ya harina de otro costal.
Ante la certeza de que vienen curvas, la Fiscalía General tie‐ ne varias opciones, aunque ninguna de ellas podrá impo‐ nerse sin resistencia. El Minis‐ terio Fiscal funciona conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerár‐ quica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e im‐ parcialidad. Por eso, el máxi‐ mo responsable puede, direc‐ tamente, emitir una orden en un determinado sentido. La de‐ pendencia jerárquica implica que, sobre el papel, los fiscales están obligados a acatar las instrucciones que reciben aun‐ que, eso sí, disponen de vías para pelear y discutirlas.
Los fiscales se rebelan y acu‐ san a García Ortiz de "manio‐ brar para salvar al Gobierno"
Beatriz Parera La número dos de la Fiscalía asume el infor‐ me sobre el caso Tsunami y elaborará un nuevo criterio, a pesar del dictamen mayorita‐ rio de los fiscales, que ven te‐ rrorismo en Puigdemont Otra posibilidad es que el jefe se agarre a la importancia en este caso de la unidad de ac‐ tuación y que, ante un asunto tan sensible, recurra a la cono‐ cida como fungibilidad de los miembros del Ministerio Fis‐ cal. Este principio implica que los fiscales de los casos son intercambiables y que pueden ser sustituidos, por tanto, si lo considera necesario su máxi‐ mo responsable en aras a la uniformidad de criterio. Este camino también será conflicti‐ vo si es el que se adopta. El artículo 27
La principal arma de los fisca‐ les ante la imposición de crite‐ rios que no comparten está in‐ cluida en el Estatuto Fiscal, en concreto en su artículo 27. En él se indica que si reciben una orden o instrucción que consi‐ deren contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, estimen improcedente, pueden elevar la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala. La decisión que adopte esta Junta debe ser acatada, aunque queda pa‐ tente la discrepancia.
El pulso en el Consejo Fiscal aún no ha terminado. Los seis vocales a la AF que han redac‐ tado un informe crítico con la ley de amnistía en respuesta a la solicitud del Senado y en contra del fiscal general que ha reiterado que el órgano no es competente para elaborar dictamen, buscan que su análi‐ sis se vote en un próximo Pleno que debe celebrarse el 25 de marzo. La tensión se re‐ doblará en esa reunión.