Dos de cada tres colegios concertados incumplen la ley y obligan a pagar a las familias
de‐ ben garantizar la gratuidad de la educación y aplicar el princi‐ pio de la no discriminación a la hora de seleccionar a su alum‐ nado, según estableció la Ley Orgánica del Derecho a la Edu‐ cación (LODE), que sacó ade‐ lante el primer Gobierno de Fe‐ lipe González en 1985. Enton‐ ces, se determinó que, para re‐
estaban obliga‐ dos a seguir los dos funda‐ mentos anteriores, que los equiparaban a la educación pública en términos de
Hoy sabemos que no ha sido así, y el nivel económi‐ co de las familias que envían a sus hijos a escuelas concerta‐ das es superior, mientras que el porcentaje de inmigrantes en centros públicos
salidad. univer‐ dobla el
por cuo‐ ta de mercado y los alumnos con necesidades de apoyo también se concentran en sus aulas.
Los concentrados, en cambio,
contribuyen a la segregación escolar,
según señala un estu‐ dio del laboratorio de ideas EsadeEcPol publicado este miércoles, pero
no todos lo ha‐ cen de la misma manera. La heterogeneidad dentro de este
ámbito obliga a hilar muy fino a la hora de establecer conclu‐ siones, pero una destaca por encima de las demás: dos de cada tres colegios de este tipo
-al menos en su espíritu- y obligan a pagar a las familias, lo que supone una barrera de entrada que, al final, se acaba traduciendo en
que la filosofía de los conciertos pretendía evitar. Los investigadores han estu‐ diado del Instituto Nacional de Estadísti‐ ca (INE), una por el lado de la oferta (la Encuesta de finan‐ ciación y gasto de la educa‐ ción privada) y otra por el de la demanda (la Encuesta de gas‐ to de los hogares en educa‐ ción), para llegar a hallazgos muy similares. Las cifras coin‐ ciden a la hora de señalar las
que existen entre unos centros y otros, y que permiten dividirlos en en función de si cobran o no cuo‐ tas y el motivo por el que lo ha‐ cen. Como se puede apreciar en el gráfico, los porcentajes
en función de la etapa educativa (segun‐
incumplen la ley elitismo dos bases de datos extraordinarias diferencias cinco grandes grupos, varían ligeramente ese
do ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria), pero los equilibrios resultan muy si‐ milares.
Si se analiza la ESO, por ejem‐ plo, el grupo mayoritario es el de las escuelas que
cobran cuotas para financiar gastos no incluidos
en los conciertos (28%), es decir, para ofrecer servicios premium que con la financiación que les ofrece el Estado no se pueden costear, principalmente personal no do‐ cente, como más psicólogos o pedagogos. Se trata de
yendo más allá de lo que la Adminis‐ tración sufraga, y cobrando por ello: la cuota tiene, por tan‐ to, un reflejo directo en lo que el colegio ofrece. No ocurre así en un 15% de los centros, que
manera de diferenciarse una cobran cuotas sin contra‐ prestación alguna.
El informe ofrece dos posibles explicacio‐ nes: o lo hacen para obtener un beneficio económico o para diferenciarse de otros centros, es decir, para seleccionar a los alumnos en función de la ca‐ pacidad económica de sus fa‐ milias. !function(){"use strict";win‐ dow.addEventListener("messa‐ ge",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-heig‐ ht"]){var e=document.querySe‐ lectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-heig‐ ht"])for(var r=0;r
bramiento del reestructurador
argumentando que "los créditos que se atribu‐ ye Toro Finance" para justificar su solicitud "proceden de deu‐ das acreditadamente ficticias instrumentadas por medio de pagarés falsarios, que son ob‐ jeto de específica investiga‐ ción" en el procedimiento pe‐ nal abierto a raíz de la querella de JZI. Para soportar esta afir‐ mación han aportado en su re‐ curso documentación de esas supuestas
Kepler-Karst, ficticias". "deudas totalmente
Los nuevos gestores de Ge‐ desco dicen que los pagarés presentados por Toro son frau‐ dulentos
Además, han solicitado al juez la personación en esa pieza y alegan que Toro Finance no ha acreditado su condición de acreedor de de la deuda para poder forzar la de‐ signación de la figura del rees‐ tructurador.
más del 50%
Gedesco y Toro, ofertante del Valencia CF, pierden una de‐ manda millonaria en el concur‐ so de Ombuds
Víctor Romero. Valencia La jueza obliga a las dos presta‐ mistas a reintegrar más de 24 millones (12 cada empresa) a la masa del concurso del gru‐ po de seguridad al considerar irregulares cesiones de crédito a su favor
La ejecución de estos créditos en un plan de reestructuración en caso de insolvencia decla‐ rada podría implicar el traspa‐ so de activos como dación en pago de la deuda que se atri‐ buye Toro. Stator es copropie‐ taria del 38,91% de Lantania a través de la mercantil Achiral Tech, que en enero de 2023 perdió el carácter de sociedad unipersonal. La constructora, heredera de la antigua Isolux, es la participación más jugosa de la cartera, con un patrimo‐ nio neto de más de 20 millo‐ nes de euros, unos activos en balance de más de 200 y una cifra de negocio en el último ejercicio depositado (2022) de más de 300 millones de euros. La participación más elevada (46%) está en manos de los di‐ rectivos, mientras que el ex‐ conseller de Economía de la Generalitat valenciana,
Máxi‐ mo Buch, y Ernesto Bernia,
ex‐ gestores de Stator apartados también judicialmente de la administración y testigos de cargo de JZI en su querella, poseen un 6% cada uno. El 38,91% no garantiza la toma del control completa de Lanta‐ nia, pero posiciona a su propie‐ tario como beneficiario en ca‐ so de venta de la empresa a un tercero y es uno de los activos de mayor valor la guerra de JZI contra Aynat, Groth y Rue‐ da. La aparición en escena de Toro introduce en la batalla por los activos de Stator a Al‐ pInvest, socio mayoritario. To‐ ro Finance es una compañía con objeto social similar al de Gedesco en la que Aynat tiene
en
el 15% junto con su socio
García Escrivá. El otro 85% está en manos del fondo European Microcap, par‐ ticipado por el vehículo de Carlyle.
cisco Javier Toro Fran‐
El fondo AlpInvest (Carlyle) desafía el caso Gedesco con la venta de Finance
Jorge Zuloaga El fondo y algu‐ nos accionistas originales de Gedesco quieren hacer caja con la joya de la corona, Toro Finance, que maneja una car‐ tera de financiación alternativa de 400 millones
No obstante, el accionariado de Toro Finance se controla al 100% desde una sociedad en Luxemburgo denominada Ibe‐ rica Luxemburg. AlpInvest, que arrancó en esta batalla deman‐ dando a Aynat, pero ha termi‐ nado por sellar la paz al tiem‐ po que ha puesto en venta su participación, ha encargado su representación en Toro a la consultora
Alvarez & Marsal,
representada en el consejo de administración por
Eduardo Areilza y Cristina Almeida,
que ejerce de presidenta. A pregun‐ tas de El Confidencial sobre el procedimiento abierto para de‐ signar un reestructurador en Stator, Alvarez & Marsal no ha querido realizar comentarios. El juez que instruye la querella de JZI contra su exgestores y el fundador de Gedesco les ha impuesto recientemente una fianza de 65 millones de euros por posible responsabilidad ci‐ vil después de que el fondo americano ampliase su de‐ manda denunciando un pre‐ sunto vaciamiento de Gedesco antes de que Aynat, Groth y Rueda fuesen apartados de la administración del que llegó a ser el mayor banco en la som‐ bra o entidad de financiación alternativa de España, con se‐ de en Valencia y hoy práctica‐ mente desaparecido.
les Puigdemont, y llevarán el grueso de su discurso en Cata‐ luña a tratar de evidenciar el talante "separatista" del parti‐ do de Salvador Illa tras las ce‐ siones de Sánchez al indepen‐ dentismo, con la ley de amnis‐ tía como clave de bóveda de la investidura.
Illa reconoce que se vio con Koldo pero que no firmó nin‐ gún contrato
Marisol Hernández El exminis‐ tro se desvincula de la influen‐ cia de Koldo García en el Go‐ bierno e insta a preguntar a Ábalos por él: "Yo sólo respon‐ do de los nombramiento que hice"
Pero los populares tampoco soltarán el hueso del caso Kol‐ do y las posibles consecuen‐ cias electorales para el PSOE, sobre todo cuando, a su juicio, toca muy de cerca a Salvador Illa. "Nadie duda de que va con la mochila de trama a las elecciones catalanas. Es un peso con el que puede cargar él, pero no el resto de los cata‐ lanes que quieren políticos ho‐ nestos y que no estén salpica‐
la
dos por la corrupción", inciden en Génova. Los populares pre‐ guntarán este miércoles
si Illa conocía las tres reuniones
de su exdirector de gabinete con Koldo, y si en alguna de ellas participaron otros miembros de la trama. "Es un candidato en apuros", zanjan.
manda para consumir electrici‐ dad, se ha decidido no aten‐ derla.
Es lícito preguntarse, también, qué criterios sigue el Gobierno
para, ante potencia‐ les incrementos de consumo, decidir cuáles se atienden y cuáles se posponen hasta un nuevo ciclo de planificación. En esta tesitura, el argumento de que hay que limitar las in‐ versiones en redes evitar
para
posteriores subidas de tarifas no se sostiene. Si aumenta la demanda eléctrica, los peajes bajarán, porque la retribución al transporte y distribución, aunque aumente,
se tendrá que dividir entre más MWh,
por lo que la tarifa unitaria tenderá a descender. El argumento de que los centros de procesos de datos crean poco empleo es absurdo: lo importante de la digitalización y la inteligencia artificial no es el empleo direc‐ to que crean, sino la competiti‐ vidad que transmiten
a las em‐ presas usuarias. Si España tiene una
ventaja competitiva derivada del apro‐ vechamiento de su irradiación solar y su recurso eólico para producir electricidad barata, nuestra obligación es fomen‐ tar el consumo de esa electri‐ cidad renovable y favorecer la implantación de industrias y actividades económicas que creen riqueza y empleo. El pro‐ blema no es consumir más o menos energía. El problema es
conseguir que la energía que consumimos sea limpia.
Es conseguir que el consumo de electricidad renovable crezca de forma sostenida. El propó‐ sito del Ministerio de Transición Ecológica -por sus hechos los conoceréis- está resultando ser el decrecimien‐ to. Lo que importa al ministe‐ rio es reducir el consumo de energía, sea limpia o no. El
PNIEC es meridianamente cla‐ ro: hay que
invertir en renova‐ bles para exportar a Francia.
Que sean ellos los que aprove‐ chen nuestra electricidad bara‐ ta. Para que sea así, nada me‐ jor que limitar el crecimiento de las redes de transporte y distribución. Es