Los jueces temen "el golpe final" a su independencia tras la carta de Sánchez
de los acontecimientos después de que este miércoles la apertura de una investigación judicial contra la mujer de Pedro Sán‐ chez desencadenara su inédita decisión personal de 'retirarse' unos días y decidir si quiere seguir al frente del Ejecutivo. Múltiples fuentes consultadas ven en la carta que dirigió a la nación y, sobre todo, en las reacciones posteriores, un pró‐ logo en el que se sentarán las bases para
a la independencia del poder judicial. En las últi‐ mas horas, Sumar y Podemos han reclamado oficialmente cambios legislativos para re‐ novar el Consejo General del Poder Judicial "excluyendo a la derecha". Ese será el primer paso de la estrategia, avisan magistrados y fiscales. El obje‐ tivo final es "la toma del Supre‐ mo", dicen.
Llueve sobre mojado, ya que las de gran parte de los miembros de la carrera judicial arrancaron después del verano, coincidiendo con el avance de las negociaciones
para la investidura de Sánchez. Los términos del acuerdo con el partido de Car‐
golpe final" suspicacias con Junts tratar de dar "el
les Puigdemont y, en concreto, el trato para que se impulsen comisiones de investigación, se interpretaron ya por enton‐ ces como una amenaza. Des‐ pués vinieron los insultos des‐ de el Congreso a distintos ma‐ gistrados por su intervención en causas relacionadas con el procés y
la permanente acusa‐ ción de lawfare,
es decir, la existencia de una guerra sucia judicial.
En las últimas 24 horas, el law‐ fare ha pasado de ser un tér‐ mino de uso habitual en esfe‐ ras más reducidas,
como los partidos independentistas o Podemos, a un concepto gene‐ ralizado, ampliamente agitado ahora
en contra de la decisión adoptada por el titular del Juz‐ gado de Instrucción 41 de Ma‐ drid, Juan Carlos Peinado. En la propia carta del presidente del Gobierno se incidía en que la denuncia que provocó la apertura de diligencias proce‐ día de una "organización ultra‐ derechista" basada en la difu‐ sión de informaciones de "ca‐ beceras ultraconservadoras", lo que sitúa sobre el papel la acción judicial en ese marco del ataque personal. "Una ope‐ ración de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo polí‐ tico y en lo personal atacando
Sánchez provoca una crisis de Estado y medita renunciar por la investigación penal a su es‐ posa
José Antonio Zarzalejos El pre‐ sidente del Gobierno hizo pú‐ blica su decisión de suspender su agenda pública los próxi‐ mos cuatro días sin antes in‐ formar ni al Rey, ni al Gobierno, ni a su propio partido
Para algunas de las fuentes consultadas, con estos cimien‐ tos, el Gobierno comienza a propiciar un clima que justifi‐ que
una serie de reformas des‐ tinadas "a maniatar a cualquier disidente".
"Van a por cual‐ quier cosa, no ya que exprese disidencia, sino que no sea se‐ guidista", asegura uno de los magistrados consultados, mientras que otro se refiere a que está cocinándose
para forzar reformas legislativas que, en otro momento, serían difíciles de justificar.
"Primero, el CGPJ"
En el primer lugar de la lista se encuentra el Consejo,
do de cultivo ideal" Con la excusa de "la "un cal‐ dicen.
instru‐ mentalización política de la justicia por parte de la dere‐ cha"
que viene sugiriendo Pe‐
dro Sánchez, la judicatura ve posible que el Ejecutivo aprue‐ be una rebaja de las mayorías necesarias para elegir a los 12 vocales jueces. De la actual mayoría cualificada de tres quintos, que permite que el PP pueda bloquear la renovación, se pasaría a una elección de los vocales por mayoría abso‐ luta de 176 diputados, accesi‐ ble con los números actuales de la investidura.
Las fuentes consultadas ase‐ guran que, una vez salvado
ese escollo, se impondría un
del Ejecuti‐ vo sobre el órgano de gobierno de los jueces por un periodo de cinco años. Además de eli‐ minar de la ecuación al PP, hasta ahora necesario para emprender cualquier cambio, esto supondría que Moncloa
a la mayor parte de los miembros del Consejo.
completo dominio coloque, de forma directa,
El Gobierno da munición a Puigdemont para acusar a los jueces de prevaricación
Beatriz Parera Los magistra‐ dos ven en esta concesión a Junts un enorme riesgo para la judicatura a la que se está acu‐ sando, desde el Ejecutivo, de delinquir
El siguiente paso del plan
se centraría en el nombramiento de las decenas de cargos pen‐ dientes a consecuencia de la reforma que impide al CGPJ realizar designaciones mien‐ tras se encuentra en funcio‐ nes. En la actualidad hay 122 plazas vacantes, 94 de ellas en la jurisdicción ordinaria.
Nada menos que 25 corresponden al Supremo.
Un Consejo con este tipo de mayorías
"cortadas a la medida de Moncloa",
sería el encargado de elegir quien ocu‐ pa esos cargos sin tener con‐ trapeso alguno.
En un tercer escalón se en‐ cuentran los efectos de esas nuevas designaciones. Los jueces advierten que la cadena de nombramientos del Supre‐ mo
permitiría a los magistra‐ dos seleccionados para esos puestos tanto
controlar la Sala del 61 como la Sala de Go‐ bierno del TS. Ambas son fun‐ damentales. La primera, for‐ mada por 16 miembros, se ocupa de resolver las deman‐ das de responsabilidad civil que se dirijan contra los presi‐ dentes de sala o contra la ma‐ yor parte de los magistrados de una Sala. También de la
ins‐ trucción y enjuiciamiento
de las causas que se abran en su contra.
Esta Sala está formada por el presidente del Tribunal Supre‐ mo, los presidentes de Sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Entre los
puestos pen‐ dientes de nombramiento
se encuentran todas las presiden‐ cias de Sala con excepción de la de lo Penal, que ahora dirige el magistrado Manuel Marche‐ na hasta el próximo noviem‐ bre, cuando se cumplen cinco años desde su reelección. Además,
entrarían los cinco magistrados de incorporación más reciente.
La Sala de Go‐ bierno está integrada por el presidente del Tribunal Supre‐ mo los cinco presidentes de Sala y por cinco magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sus compañeros del alto tribunal. Aprueba, por ejemplo, las normas de reparto de los asuntos que entren.