Sofía Cristo y contenedores para tampones: el cuestionado uso de los fondos contra la violencia de género
hija del domador Ángel Cristo y Bárbara Rey, fue el plato fuerte de la gala en fa‐ vor del colectivo LGTBI que el año pasado celebró el Ayunta‐ miento de Cartaya (Huelva).
El acto se financió en parte con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
según denuncia la Alianza Contra el Borrado de las Muje‐ res. Es uno de múltiples casos, según defiende la entidad, de presunto del dinero previsto para las admi‐ nistraciones bajo este concep‐ to. Desde el pasado mes de abril, el colectivo ha remitido a Igualdad 101 ejemplos de lo que considera usos indebidos, pero el ministerio en lo que va de año solo ha apercibido a 12 ayuntamientos y una comuni‐ dad autónoma.
La Alianza, colectivo del que forman parte
algunas con vínculos con el PSOE, como Ángeles Álva‐ rez, considera que los fondos previstos en el Pacto no pue‐ den destinarse a sufragar ini‐ ciativas como el pintado de papeleras de morado,
campañas que alertan del posible fomento de la ludopatía a través de los vi‐ deojuegos o la instalación de contenedores para el desecho
cas, uso “fraudulento” feministas clási‐ de maquillaje, cursos
de productos de higiene feme‐ nina. Estos son solo algunos de los últimos 30 ejemplos trasladados a Igualdad, que en 2023 manejó una partida de
para re‐ partir entre los ayuntamientos en virtud del pacto.
“El dinero se debe destinar a iniciativas para
40 millones de euros la prevención, la formación, la sensibilización
y en la ayuda de las víctimas, según la ley. Puede haber ca‐ sos en los que se dude si una actividad es o no financiable, pero creo que los ejemplos que hemos puesto son bastan‐ tes claros. Hemos sido muy ri‐ gurosas”, defienden desde la Alianza. El primer envío a Igualdad se produjo a comien‐ zos de abril. El Ministerio
se comprometió a revisar todos los ejemplos
y a determinar qué actos podían sufragarse con los fondos.
Aquel primer envío se produjo después de que se desatase una por el uso de dinero procedente del Pac‐ to para cubrir los gastos de una cena para mujeres organi‐ zada por el Concello de Cerde‐ do-Cotobade (Pontevedra). El acto se publicitaba con el logo del Ministerio y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La semana pasada la controversia explotó en Alme‐ ría. El Ayuntamiento colocó en
fuerte polémica
un pe‐ ro tal y como estaba redacta‐ do -"si dice no, no es sexo, es agresión"-, parecía más bien una justificación de la misma en función de las circunstan‐ cias.
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Este último ha sido
según datos facilita‐ dos por Igualdad a El Confi‐ dencial, en el que el Ministerio ha pedido a un Ayuntamiento la retirada del logo, además de trasladarle que no podrá usar dinero del Pacto para financiar dicha campaña. Los fondos, con se repar‐ ten entre todos los ayunta‐ mientos de España bajo una serie de criterios y los consis‐ torios deben justificar al final del ejercicio el uso que han he‐ cho de los mismos. Deben, in‐ sisten desde Igualdad, ceñirse a la ley.
13 casos, uno de los fines finalistas, “No se abre un expe‐
diente, se comunica que esa actividad no será financiada con los fondos y se pide retirar el logo”, explican fuentes de la cartera que dirige Ana Redon‐ do.
La ley detalla que a la hora de justificar el uso del dinero, los municipios deben remitir a la Secretaría de Estado de Igual‐ dad un documento que acredi‐ te el donde se detalle, entre otras cuestiones, los pagos realiza‐ dos con cargo a los fondos y deberá estar firmado por el responsable de tesorería. Ade‐ más, el alcalde tendrá que en‐ viar un sobre las iniciativas puestas en marcha, el impacto que hayan tenido en la población, el grado de ejecución de los fondos y una valoración del programa. Por último, el Consistorio deberá adjuntar una
del cumplimiento de los requisitos en materia de publicidad”.
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“La inmensa mayoría de los ayuntamientos lo hace bien. Son casos que son muy llama‐ tivos, pero la gran mayoría lo hace bien”, apuntan las mis‐ mas voces. Según la informa‐ ción recabada por la Alianza los supuestos usos “fraudulen‐ tos” se han dado en munici‐ pios de todos los colores. Los hay gobernados por el PSOE, por el PP, por Bildu, IU o Pode‐ mos.
Para el reparto del dinero se tienen en cuenta una serie de
Entre ellos, el número de municipios, el volumen de población y cuántas mujeres son usuarias del Servicio Tele‐ fónico de Atención y Protec‐ ción para víctimas de la violen‐ cia de género (ATENPRO), se‐ gún marca la ley. Así, Madrid recibió el año pasado 658.993 euros y Barcelona, 359.311, pero otro muchos municipios, los más pequeños, reciben cuantías que oscilan entre los 1.500 y los 1.600 euros. Cada Ayuntamiento
el dinero, que puede destinarse a diversas iniciati‐ vas o actividades.