FACUA pide a Montón cambios legales para proteger a los usuarios frente a cierres de clínicas dentales

FACUA-Consumidores en Acción pide a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,Carmen Montón, que impulse la modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados para proteger a los usuarios frente a los cierres de clínicas dentales que se vienen produciendo en los últimos tiempos. La asociación considera que casos como el de Idental, que desde mediados de abril ha cerrado nueve centros dejando a miles de pacientes con tratamientos sin terminar, ponen de manifiesto la desprotección de los derechos de los pacientes. FACUA advierte de que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios y reclama a Montón y las autoridades autonómicas una actualización de las mismas. La asociación entiende, en primer lugar, que debe exigirse a las clínicas como requisito de apertura un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de cierre. Además, la asociación ve imprescindible que se regule la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario (contratos de financiación, facturas, etc), incluyendo la denominación social y comercial, administrador, odontólogo responsable, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc. De esta forma, los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema. FACUA considera que la normativa también debe garantizar que los pacientes puedan acceder y recuperar sus historiales clínicos en caso de cierre de un centro. Actualmente no existe ninguna norma que regule qué ocurre con esta información tras una clausura, lo que impide a los usuarios tenerla a su disposición. La asociación reclama, además, que se refuercen los controles de la Administración a estas clínicas, se regulen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen y se revisen las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma. FACUA pone de manifiesto que la falta de regulación en este sentido ha provocado que en los últimos años los usuarios se hayan encontrado totalmente desamparados frente a los cierres, sin poder ejercer de forma efectiva sus derechos. En muchos casos, el hecho de que los tratamientos en estas clínicas se paguen mediante financiación, ya sea del centro o a través de otra entidad, ha implicado que tras el cierre los usuarios se enfrenten al pago del crédito incluso cuando han dejado de recibir dicho tratamiento.