La Junta refuerza la lucha contra los robos en el agro con el Acompañamiento al Transporte
● El consejo de gobierno aprueba la creación del nuevo registro de explotaciones, que simplificará los trámites administrativos
El consejo de gobierno de la Junta ha aprobado el decreto que crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) y el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) de los productos de este sector. La norma, que desarrolla una de las principales previsiones del proyecto de la nueva ley autonómica de agricultura y ganadería, da respuesta a las reclamaciones del sector agrario para avanzar en la simplificación administrativa, reforzar la lucha contra los robos en el campo, mejorar la seguridad alimentaria y garantizar la trazabilidad en la primera fase de la comercialización. Los dos nuevos instrumentos son de carácter obligatorio, pero se regulan bajo el principio de máxima agilización de trámites. El DAT ya se exige actualmente en algunos sectores (ganadería, viveros y organismos modificados genéticamente), y a partir de ahora se extiende a todos los productos agrarios y forestales de carácter alimentario para organizar y controlar el transporte; mejorar la seguridad y la trazabilidad, y acreditar el origen y destino dificultando la sustracción y posterior venta ilegal.
Este documento de acompañamiento deberá estar disponible y ser aportado en cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la autoridad, en el traslado de los productos sin transformar desde las explotaciones hasta los lugares de almacenamiento o los primeros destinos de comerciali- zación. Los destinatarios deberán conservarlo durante al menos cinco años desde su recepción. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural habilitará un aplicativo web para su expedición.
La implantación se realizará de forma progresiva, con un periodo de adaptación de un año en el que tendrá carácter voluntario, e incluirá el desarrollo de una herramienta telemática fácilmente utilizable a través del teléfono móvil. Tanto la estructura como la información contenida evitarán la duplicación de trámites y posibilitarán su uso como carta de porte, documento obligatorio que exige la normativa de transportes públicos por carretera.
La generalización del DAT reforzará en Andalucía las exigencias legales de trazabilidad, que permiten hacer el seguimiento de un alimento en las distintas fases de producción, transformación y distribución. Estos controles son fundamentales para, en caso de detección de riesgos y de contaminación, localizar el origen de las partidas y facilitar una rápida respuesta.
En cuanto al Reafa, con su creación se avanza en una simplificación administrativa muy demandada por el sector agrario, ya que agrupa distintas herramientas tecnológicas y de gestión vinculadas a los productores agrarios y forestales. Ello permitirá agilizar requerimientos, establecer procedimientos comunes, compartir información y reducir la carga de trámites. En este registro se inscribirán las alrededor de 300.000 ex- plotaciones agrarias y forestales que actualmente existen en la comunidad autónoma, bien de oficio por la Administración o a instancia de los titulares mediante declaraciones responsables. La inscripción no tendrá carácter habilitante para el ejercicio de la actividad, ya que el objetivo es caracterizar las explotaciones para mejorar su gestión y facilitar el apoyo de las administraciones.
El contenido combinará información geográfica y alfanumérica, lo que permite la organización, gestión, análisis y modelización de grandes cantidades de datos agronómicos, ambientales y económi- cos vinculados a cada explotación. Su creación supondrá la unificación de otros cuatro censos: el de uva para vinificación, el General de la Producción Agrícola, el de Operadores Productores de Brotes y el de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias.
El último de estos registros impulsará el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres que, al figurar como “ayuda familiar” en las explotaciones de sus cónyuges, realizan su trabajo como una extensión de labores domésticas. La titularidad compartida elimina esta discriminación al considerar la explota- ción como una unidad económica donde la aportación de cada persona que la conforma tiene igual valor. De igual modo, facilita un trato preferente en las ayudas y en las actividades de formación y asesoramiento promovidas por las administraciones, así como en la consideración de estas explotaciones como prioritarias. Entre otras ventajas, las personas titulares pueden beneficiarse de un descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social, el reparto al 50% tanto de los rendimientos como de las ayudas agrarias y el acceso a pensiones contributivas por la cotización a la Seguridad Social.