ERC fía su apoyo a Sánchez a que la Fiscalía retire las acusaciones a los procesados
Tardá pide la “absolución” para los políticos presos y el Ministerio Público sopesa no pedir la pena máxima a ninguno de los encausados
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, advirtió ayer al Gobierno de Pedro Sánchez de que no negociará los Presupuestos Generales del Estado si no insta a la Fiscalía “a retirar las acusaciones” contra los dirigentes independentistas procesados por el 1-O. Tras participar en un acto de homenaje a los republicanos ejecutados, encarcelados o represaliados por el régimen franquista, en el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc, Tardá se refirió a la posibilidad de que el Ministerio Público, en su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso del 1-O, plantee mantener el delito de rebelión para los promotores del referéndum unilateral, pero no solicite las penas máximas.
“No negociaremos nada si el Gobierno español no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones”, recalcó Tardá, para quien la única “solución” es declarar la “absolución” de los procesados. En su opinión, “la Justicia española solo tiene un guión” en este proceso judicial por el 1O, que es “la venganza y el escarmiento”.
Las informaciones que trascienden desde la Fiscalía es que ultima su escrito de acusación en la causa del procés, que se formalizará por rebelión en el caso de los miembros del Govern cesado sin pedir en ningún caso la máxima pena (30 años), siendo el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras para quien reclamará la mayor condena como dirigente.
La acusación por el 1-O se dividirá en tres grandes bloques dependiendo sobre todo de la res- ponsabilidad que atribuya el Ministerio Público a cada uno de los 13 procesados por rebelión, según fuentes fiscales.
El primero englobaría a los seis ex consellers por su papel decisorio en la preparación del referéndum ilegal y a los que acusará de rebelión en su modalidad agravada, quedando absorbido en ese delito el de malversación, por el que también están procesados.
La mayor petición de pena recaerá en Junqueras por ser quien ostentaba entonces uno de los principales cargos del Govern –junto al huido Carles Puigdemont– por lo que la Fiscalía podía pedir hasta 25 años sin llegar al máximo de 30 años. Para el resto, los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, la Fiscalía baraja pedir penas que no superarían los 20 años.
A un segundo grupo –los ex líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell–, la Fiscalía se plantea acusarlos sólo por rebelión (sin agravarla por la malversación), por lo que en estos casos las penas reclamadas serán más bajas, y oscilarían en una horquilla de entre 10 y 15 años, si bien podrían llegar hasta los 25 años si se los considera jefes.
Finalmente, a un tercer grupo –Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila– la Fiscalía prevé acusarlos sólo de malversación y no por rebelión. Se prevé que el juicio pueda celebrarse en enero.
Mientras, en el mismo acto que Junqueras estuvo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien aseguró que “no basta con sacar al dictador del Valle de los Caídos”, sino que “lo que hace falta es sacar el reducto del franquismo de las estructuras del Estado español”.
Quim Torra
Presidente de la Generalitat Hay que sacar el reducto del franquismo de las estructuras del Estado español”