Un informe alerta de irregularidades en la gestión de los campos de fútbol
El secretario del Pleno advierte de que se puede incurrir en una responsabilidad civil, penal y patrimonial
Las cesiones están en precario y al margen de la ley de contratos
En precario. En esta situación se encuentra actualmente la gestión de 18 instalaciones deportivas –16 campos de fútbol y dos de petanca– ya que la fórmula jurídica utilizada entre el Ayuntamiento y las entidades deportivas ha quedado ya al margen de la ley de contratos y es necesaria su revisión. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, a petición del PP y que fue difundido ayer por el edil popular José Luis Moreno. El documento alerta igualmente de que los consejeros podrían incurrir en un responsabilidad civil e incluso penal. Moreno lamentó que el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) no haya hecho aún nada en relación a este asunto y que pretenda dar “una patada hacia delante” en lugar de afrontar el problema. Hay que tener en cuenta que en estas instalaciones deportivas se desarrolla práctica- mente todo el deporte base de la capital, al que pertenecen unos 8.000 niños. El Imdeco, además, ya ha estado en entredicho por la forma de gestionar los polideportivos municipales y ahora surge de nuevo la duda en relación a los campos de fútbol. De hecho, hasta la Intervención delegada del Imdeco emitió un reparo suspensivo contra los pagos que la entidad estaba haciendo a las diversas entidades y clubes deportivos que gestionan “en precario” las instalaciones que tuvo que ser levantado en el Pleno.
El informe emitido por Lavela establece que 16 instalaciones deportivas están gestionadas a través de convenios administrativos “excluidos de la legislación de contratos del sector público” y las otras dos tienen una concesión administrativa que también está extinguida según el marco legal vigente. A día de hoy, 12 de las instalaciones finalizaron el convenio hace “21 meses”, mientras dos de ellas hace entre 15 y 18 meses. Las dos pistas de petanca extinguieron su convenio “hace 173 y 174 meses”, es decir, hace más de 14 años, mientras que una de ellas –el Enrique Puga, según apuntó Moreno–, se eleva hasta los 189 meses.
El secretario del Pleno, por tanto, insta al Imdeco a que “en la mayor brevedad” se inicien los “trámites legales y administrativos necesarios” para regularizar la situación de las instalaciones deportivas. En este sentido, Lavela apuesta por poner en marcha expedientes de contratos de gestión de servicio público o expedientes de naturaleza patrimonial “sobre autorización para el uso especial de bienes de dominio público”. Algunas de estas dos fórmulas supondría una solución para la situación de las instalaciones.
El informe apunta igualmente que el Imdeco debe “valorar” en cada caso “la viabilidad y rentabilidad económica” de las instalaciones deportivas para “poten- ciales contratistas y empresas concesionarias” y así determinar cuál es la mejor fórmula de gestión –si concesión o autorización–, teniendo en cuenta, además, que muchos de los espacios se encuentran en “barriadas y zonas de la ciudad especialmente deprimidas y vulnerables”.
Lavela insiste en su escrito que el retraso en la adopción de medidas puede provocar “un grave y paulatino deterioro” de los bienes, así como una “responsabilidad patrimonial y contable” a la administración local y posiblemente a algunos miembros del consejo rector. El informe habla también una posible responsabilidad civil y hasta penal si no se ataja el problema.