La planificación es imprescindible para ampliar la generación renovable
EL progreso de la generación de electricidad en España desde 1985 hasta 2017 muestra dos comportamientos bien diferenciados, con una inflexión en el año 2008. En este año se alcanzó el máximo de 313, 8 TWh (teravatios hora, mil millones de kilovatios hora), tras haber crecido a un ritmo anual del 4% desde 1985. En los años posteriores al inicio de la crisis se ha producido un decrecimiento en la generación, con altibajos, hasta situarnos en los 275,4 TWh de 2017; un 88% menos que el mencionado máximo. La primera cuestión que se plantea es que actualmente disponemos de capacidad de generación más que sobrada para atender nuestras necesidades; de hecho, no es infrecuente que exportemos energía eléctrica a través de nuestras conexiones internacionales. Esta capacidad se sustenta en que nuestra potencia instalada es de 99.105 MW, buena parte de la cual puede funcionar típicamente 8.000 horas al año (nuclear, 7,2% de la potencia instalada) o del orden de 5-6.000 horas (térmicas convencionales, 34,4% de la potencia y actualmente infrautilizadas), mientras que la generación renovable (30% de la potencia total las solares y 48,4% incluyendo la gran hidráulica) tiene, por razones naturales, un rango de funcionamiento bastante más limitado.
La realidad es que no hay razones relacionadas con la atención a la demanda que pudieran justificar nuevas inversiones en generación. Sin embargo, hemos asumido, como no puede ser de otra forma, los objetivos de la Unión Europea para 2030 y asumiremos la hoja de ruta hacia una economía baja en carbono (hipocarbónica) para 2050. Centrados en los primeros, hay que señalar que normalmente sólo se hace mención de los tres objetivos fundamentales del marco de clima y energía 2030, soslayando que la política energética de la UE tiene tres objetivos principales: seguridad de abastecimiento, competitividad y sostenibilidad. Creo que estos objetivos constituyen un marco general y no puede tratar de alcanzarse uno de ellos en detrimento de los otros.
Sin embargo, la mayor atención y la inspiración de las políticas nacionales se enfoca hacia el alcance de los objetivos de energía y clima de 2030, que son: reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, al menos un 27% de cuota de las energías renovables, un 27% de mejora de la eficiencia energética y un 15% de interconexión eléctrica. Los dos primeros objetivos son de carácter vinculante. Nuestra situación no es precisamente buena respecto al primero de los objetivos. Nos hemos alejado del máximo alcanzado en el año 2007, pero aun así estamos lejos del objetivo de 2030. Lógicamente, nuestras emisiones se han movido al ritmo del consumo de energía primaria, si bien se ha producido ya un desacoplamiento en la evolución de ambas variables: nuestro consumo de energía primaria ha sido en 2017 un 155% superior al de 1990; una diferencia muy superior a la de las emisiones.
Este desacoplamiento se debe en buena medida a la incorporación de generación renovable, pero también a una eficiencia mejorada en los consumos industriales y a las mejoras de eficiencia en el consumo de los vehículos. En relación con la cuota de las energías renovables, tendemos a contemplarla sólo en relación con la generación de electricidad, a la que han aportado un 25% en 2017 (32% si se incluye la gran hidráulica). Sin embargo, esta aportación se reduce sustancialmente sin consideramos la totalidad de la energía primaria: sólo aportaron algo más de un 11% en 2017 (algo más del 14% con la hidráulica). Esto se debe a la gran importancia que tiene el consumo de petróleo: casi el 47% de la energía primaria que consumimos, y un desplazamiento significativo no se va a producir a corto o medio plazo, por más que progrese la electrificación del parque automovilístico.
Los propósitos del Gobierno actual son claros en relación con el cumplimiento de los objetivos vinculantes mencionados, así lo ha manifestado el secretario de Estado de Energía en un reciente Foro Joly celebrado en Sevilla. Se estima que será necesario elevar un 70% la generación renovable hasta 2030, lo que significa añadir entre 50.000 y 60.000 MW a la potencia ahora instalada. Esto supone una inversión descomunal a realizar en pocos años, no sólo en instalaciones de generación, sino también en capacidad de evacuación de la energía (subestaciones y redes de transportes o distribución).
Es cierto que la inversión vendrá favorecida por el extraordina- rio abaratamiento de los equipos, en particular los fotovoltaicos, y por la mayor potencia unitaria de los generadores eólicos. Pero aun así tendremos que hacer frente a varias limitaciones. La primera de ellas es la recuperación de la confianza de los inversores internacionales tras las modificaciones habidas en la retribución a la generación renovables y las ulteriores reclamaciones. Se estima en 10.000 millones de euros el importe que tendremos que abonar, lo cual trasciende de las capacidades del ministerio del ramo de la Energía.
En segundo lugar, tenemos una gran amplitud de lugares para nuevas instalaciones fotovoltaicas, pero no tanto para las nuevas eólicas ya que las mejores ubicaciones están utilizadas y no tenemos las facilidades para la eólica marina que caracterizan, por ejemplo, al Mar del Norte; probablemente serán más las actuaciones de repotenciación de parques que la instalación de nueva potencia.
En tercer lugar, habrá que abordar grandes inversiones en capacidad de evacuación de energía, que se abonan mediante la parte regulada de la factura eléctrica y que inevitablemente se encarecerá. Además, la realización de estas inversiones, ya sea Red Eléc- trica o ya sean los distribuidores, toma bastante tiempo ya que han de ser autorizadas y en el caso de REE incluidas en su planificación aprobada. Por ello creo que tendría sentido pensar en utilizar en lo posible la capacidad de evacuación que quedará ociosa tras los previstos cierres de centrales térmicas de carbón, e incluso compartir la capacidad ahora ociosa –a veces casi todo el año– vinculada con la generación térmica convencional; en especial la construida para los ciclos combinados de gas natural.
En cuarto lugar, la tramitación de un nuevo proyecto de generación es muy lenta; especialmente en el caso de la generación eólica ya que tiene unos requerimientos de compatibilidad ambiental muy exigentes y no tanto, como es obvio, en el caso de la fotovoltaica. Y aquí intervienen las administraciones autonómicas y locales, no siempre debidamente coordinadas, al igual que hay deficiencias de coordinación entre los organismos responsables de energía y de medio ambiente.
Y en quinto lugar, ¿qué hacemos para compensar las inversiones en generación no renovable no satisfactoriamente utilizadas? Es obvio que la generación renovable va a necesitar respaldo para sus momentos de insuficiencia, un respaldo que habrá de ser abonado. Y creo que el Gobierno tendría que ser más flexible en la atención a las peticiones de hibernación o de desmantelamiento de instalaciones de generación, a lo que ha venido siendo renuente en el pasado.
Pero mi mayor inquietud es que se pierda la perspectiva de que esta transformación es un asunto nacional, no la suma de iniciativas de Comunidades Autónomas como fue durante las primeras oleadas de renovables. Por ello creo que va a ser imprescindible un serio ejercicio de planificación dirigida desde el Estado, creo que será necesaria la unificación de procedimientos de autorización en todo el territorio nacional, así como asegurar –incluso exigir– la coordinación entre los departamentos responsables y de estos con las administraciones locales. Y probablemente tendremos que modificar el procedimiento actual de solicitud de capacidad de evacuación –el auténtico factor limitante– ya que permite que sea asignada a empresas incapaces de realizar por sí mismas el proyecto de generación para el cual se solicita.
En definitiva, no basta con que el abaratamiento de los equipos de generación permita que la oferta de energía renovable vaya al mercado mayorista sin necesidad de retribución adicional, ni que tengamos capacidad de albergar una potencia mucho más elevada que la actual. Sólo conseguiremos el objetivo en un plazo tan corto –sólo once años–, si hay detrás una planificación muy sensata y exigente y un alineamiento, no fácil, de las administraciones autonómicas y locales. Sin esto será, simplemente, imposible de alcanzar.