Populismo Vs debate
El cambio de criterio del Supremo, en lugar de para establecer un debate serio sobre el papel de la banca y las reglas de juego, ha servido para hacer política en plena campaña
EN el mundo ideal de la precampaña y la campaña política, todo es de colar de rosa. De repente el impuesto de los Actos Jurídicos Documentados (AJD), que todos los partidos han mantenido, pasa a ser el gran enemigo y el muerto que todos quieren sacudirse de encima. Si hay algo que ha dejado la polémica sentencia y posterior rectificación de la sentencia del Tribunal Supremo, además del descrédito de la clase jurídica, es un reguero de reacciones políticas a cada cual más populista. Desde quién va a devolver el dinero del impuesto –sí, eso se ha llegado a decir– a quien propone su supresión pasando por la medida anunciada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sean los bancos quienes asuman el pago de este impuesto. ¿Alguien duda, realmente, de que finalmente esa cantidad repercutirá en los clientes?
La libertad con la que ha operado la banca –siempre, claro, dentro del marco legal– chocó de bruces hace un mes con la sentencia del Supremo, que consideraba injusto cargar al cliente con un impuesto que hay que pagar por realizar un trámite al que te obliga, prácticamente, el banco, porque es el aval que garantiza la devolución del crédito. Por fin, pensamos muchos, algo de lógica en medio de todo un proceso, el de la obtención de una hipoteca, que es casi un in- fierno para el comprador. Hay un discurso que alaba el procedimiento bancario frente a los que se rebelan con algunas prácticas, como las cláusulas abusivas. Es la misma corriente que avaló el rescate al sector, una medida sin duda necesaria pero que, al menos, debería haberles apretado algo las tuercas. Se ataca como populista a todo el que no defienda al sistema tal y como está establecido, pero resulta curioso que todos los partidos hayan entrado en ese juego en una semana en la que se han dicho auténticas barbaridades.
La banca ganó en el primer semestre del año más de 8.000 millones, que se dice pronto. Su aportación al progreso de las familias y las empresas a través de la concesión de créditos es un valor para la propia evolución de la sociedad, pero ese papel no puede defenderse a toda costa. Pero los bancos, lógicamente, no ofrecen préstamos de manera altruista. Se trata de una operación comercial con la que obtienen dinero. Por lo cual no solo se beneficia la familia joven que quiere acceder a una vivienda o comprarse un coche, también todo el entramado bancario y las personas que emplea.
Cuando uno busca una hipoteca, los bancos se dirigen a ti como una de esas compañías de teléfonos a las que dices que te vas a dar de baja. El que dice que no te cobrará comisión de apertura (que alguien explique por qué hay que pagar una comisión de apertura), te carga con los gastos de registro; quien te ofrece un interés algo más bajo, te la estará clavando en los seguros y otros productos asociados. El banco te obliga a recurrir a una gestoría para realizar todos los trámites, una gestoría que eligen ellos pero que paga el cliente. Lo mismo pasa con el tasador, aunque en algunas ocasiones puedes aportarlo tú si se encuentra dentro de su listado. Todo el proceso es sangrante, por no hablar de los impuestos obligatorios asociados a la compra de un inmueble.
El criterio que a priori fijaba el Supremo parecía arrojar algo de lógica en un sistema en el que parece que solo uno establece las reglas y los demás obedecen. Podía servir para abrir un debate serio sobre el papel y la responsabilidad del sector bancario, con argumentos, propuestas y alternativas, así como sobre la política de impuestos y su gestión. Pero al final ha derivado en una oportunidad, otra más, para hacer política en plena campaña, hacer promesas que no se van a cumplir e intentar sacar votos de una medida que puede ser contraproducente.
Los mismos que cargan contra el impuesto de las hipotecas lo han mantenido