Algunas cosas de las que deberíamos hablar en la campaña

BBVA, establecía otra regla de tres igual de sencilla que la anterior: mejorar la calidad de las instituciones españolas y acabar con la corrupción permitiría elevar un 16% el PIB per cápita en un plazo de 15 años, lo que significaría añadir cada año en torno a un punto porcentual al crecimiento de la economía española. O lo que es lo mismo, con algo en lo que nadie estaría en desacuerdo –mejorar las instituciones y acabar con la corrupción– tendríamos el dinero que nos falta para alcanzar los niveles de inversión en I+D de Europa y crear, por lo tanto, más y mejor empleo.

Según este estudio, nuestras instituciones tienen poca calidad regulatoria y deben mejorar en el control de la corrupción. Y en esto en Andalucía tenemos un ejemplo de libro. En el informe final de la Fiscalía Anticorrupción por el juicio de los ERE, se recri- mina a la Junta por crear desde el año 2000 un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al margen de los controles fijados por la Intervención General. Y cifra la presunta malversación en 680 millones de euros. Es obvio que ese montante no es el dinero que se perdió por prácticas corruptas, pero sí el que la Fiscalía entiende que se manejó sin los controles necesarios. Ni que decir tiene que un buen uso, duran- te diez años, de esa ingente cantidad de millones hubiera mejorado la situación de la maltrecha economía andaluza y no la de un puñado de aprovechados.

Si resulta frustrante el discurso de la innovación y el cambio de modelo productivo, más aburrido es escuchar a estas alturas las promesas de una institución con las paredes de cristal. O la eterna lucha contra la corrupción que todos abanderan. La Junta de Andalucía anunció que abría la prometida oficina contra la corrupción en junio de 2017, en cumplimiento del acuerdo de investidura de Susana Díaz con Ciudadanos. Iba a contar con una dirección independiente, que no podía ser cesada y sería elegida por un tribunal para cinco años. Se anunció que contaría con una quincena de funcionarios y medio millón de euros de presupuesto inicial. Aún la estamos esperando.

Hay otro asunto de nunca jamás del que se debería hablar en esta campaña: la cacareada reforma de la Administración pública andaluza. Aunque hablar de ello requeriría de varios artículos, vayan aquí unas propuestas iniciales para abrir boca. Primero, de la necesaria separación entre la autoridad del Gobierno y la independencia con la que deben actuar los encargados de fiscalizar las cuentas de ese Gobierno. Y luego de esa otra necesidad, la de crear una Administración eficiente, moderna y ágil para el ciudadano, tan lejana a la que tenemos en la actualidad. No se trata de discutir únicamente si se debe adelgazar o estimular el sector público, sino de hacer de la Administración un instrumento al servicio de los ciudadanos y no al revés. La tarea, posiblemente, será titánica y complicada, pero tiene un punto de partida evidente, el de primar lo profesional sobre lo clientelar.

Una vez dicho todo esto, volvamos a la realidad de la precampaña electoral andaluza y sigamos hablando de Cataluña.

JOSÉ MANUEL ATENCIA