SUPREMO ERROR
NO estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo”, esta conocida frase atribuida a Alejandro Dumas parece describir con precisión la erosión que el modelo socioeconómico neoliberal realiza en las instituciones básicas de nuestro Estado social y democrático de Derecho. La decisión final adoptada sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en las hipotecas no es más que el último ejemplo. Probablemente, sea una temeridad corregir la doctrina marcada por tres sentencias de la sala especializada en cuestiones tributarias. De hecho, en la Sentencia 705/2015 de 23 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo se estableció la nulidad, por abusivas, de cláusulas muy habituales en préstamos hipotecarios. Incluso, para aquellos juristas que están a favor de que el hipotecado pague el impuesto, supone un evidente descrédito para el Tribunal Supremo. Esta decisión será posiblemente enmendada por el Tribunal de Justicia de la UE, como ya aconteció con las cláusulas suelo. No obstante, existe una vertiente política en este asunto que conviene analizar: la decisión contribuye a erosionar la propia estabilidad y viabilidad de España.
No se puede ignorar el contexto y los procesos. Y no me refiero a que no se actúe conforme a Derecho y de acuerdo a razonamientos jurídicos. De hecho, si la Sentencia del Tribunal Supremo 1505/2018 relativa a la determinación del sujeto pasivo del IAJD hubiera argumentado al contrario –en favor de la banca– el Tribunal no se vería en esta situación. Lógicamente, habría recibido críticas, con el correspondiente clamor social contra una sentencia que muchos habrían tildado de injusta. Pero nada de eso hubiera puesto en jaque a uno de los pilares de nuestro Estado. El problema es que con la decisión de reunir el pleno se genera una suerte de derecho alternativo, donde la sala se toma la libertad de legislar contra las propias sentencias del Supremo. Y esa maniobra es muy grave.
El Derecho alternativo fue un movimiento de jueces brasileños que en la década de los 90 decidieron suplantar al legislativo. Pretendían usar sus sentencias basadas en los Principios General del Derecho para legislar en favor de los pobres. Este movimiento no tuvo un gran recorrido, entre otras cosas, porque la labor de la judicatura debe quedar vinculada a la interpretación y aplicación del Derecho, incluso en un país como Brasil, con terribles desigualdades. En pleno 2018, ha habido irresponsables en nuestro Tribunal Supremo que han optado por este tipo de vía. No, el genérico e injusto, “los jueces de Supremo”, sino unos individuos que han conducido al descrédito a la institución que debieran servir. Pareciera que hubieran querido legislar a favor de la banca, lo que implica una especie de De- recho alternativo a la inversa; una suerte de in dubio pro argentarius. Por muchas ganas que estos magistrados tuvieran de erigirse en legisladores por la vía de los hechos, que no del Derecho, una mínima ojeada a la situación española podría haber sido suficiente para desistir.
Minutos después, se frotaban las manos tanto la falsa izquierda empeñada en apoyar a un régimen que lanza a opositores por las ventanas e insiste en reivindicar la magra dieta bolivariana, como los ultras que quieren edificar una frontera entre conciudadanos y buscan denodadamente el enfrentamiento civil. Esta decisión les llena gratis el tanque de su matraca populista-peronista y supremacista. Mientras, los políticos del bipartidismo, que podrían haber realizado una reforma legislativa que hubiera amparado a los consumidores frente a la banca, se ocultaban detrás de la indignación general y el presidente Sánchez aprovechaba para hacer electoralismo chusco a la mañana siguiente.
España no puede permitirse este tipo de cosas. La Justicia española merece medios, inversión y cooperación de las otras instituciones del Estado. De hecho, se anuncia una próxima huelga ante la absoluta falta de voluntad negociadora del Gobierno. Parece que durante décadas, el bipartidismo ha estado más ocupado repartiéndose los sillones del Consejo General del Poder Judicial que velando por la administración de la justicia. Al final, sucede lo mismo que en otros servicios públicos: son los funcionarios los que con su esfuerzo diario los salvan, como en hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad, entre otros.
La decisión del pasado día es tan lesiva para nuestra democracia en el plano judicial, como lo fue en el legislativo la reforma del artículo 135 de la C.E., realizada por PP Y PSOE que priorizó el pago de la deuda frente a los servicios públicos. La primera socava una institución esencial a las puertas del juicio contra los golpistas; la segunda erosionó una de las bases de nuestro modelo de convivencia, vulnerando la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y la letra de nuestra Constitución de 1978. La ciudadanía española no se merece un amo distinto a la ley democrática.