La defensa de Chaves alega que no percibió “ninguna alarma”
La defensa del ex presidente reprocha a la Fiscalía que tiene "poco para incriminarle" cuando ha recurrido a una serie de cartas y faxes tras "bucear" en los 270 expedientes
Chaves no pudo detectar “ninguna alarma que hiciera saltar las luces rojas” y es “imposible pretender que tuviera conocimiento de las irregularidades” en la concesión de las ayudas. Con estos dos argumentos, el abogado Pablo Jiménez de Parga, pidió ayer al tribunal que enjuicia el denominado “procedimiento específico” de los ERE la absolución para el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, a quien la Fiscalía reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
En su informe definitivo, el letrado que representa a Chaves recordó que el Ministerio Público se basa en las memorias unidas a los planes anuales de Control Financiero Permanente que elabora la Intervención General de la Junta para acusar al ex presidente de la Junta, pero la defensa destacó que del resultado de la prueba practicada y de los informes periciales es “imposible pretender” que tuviera conocimiento de las irregularidades en la gestión de las ayudas.
Chaves asistió a la reunión del Consejo de Gobierno donde se procedió a la aprobación de estas memorias de los ejercicios 2005 y 2006, pero no a la de 2007, y el letrado hizo hincapié en su declaración en el juicio, cuando el ex presidente afirmó que no leyó dichas memorias y que, una vez leídas con posterioridad con motivo de la causa judicial, la lectura de las memorias no le hubieran permitido detectar “ninguna señal de alarma”. Su abogado dijo que “no hay nada reprochable” en que no leyera las memorias porque pretender que el presidente de la Junta se tenga que poner a estudiar todos los expedientes administrativos antes de aprobarlos “se opone a las reglas de la lógica y lo razonable, y aboca a una situación que linda con lo absurdo”.
De esta forma, Pablo Jiménez de Parga concluyó que Manuel Chaves no pudo detectar “ninguna alarma que hiciera saltar las luces rojas”, y de la aprobación de esas memorias “difícilmente se puede extraer que Chaves habría tenido conocimiento de las supuestas irregularidades”.
Sin entrar a valorar por qué el interventor general de la Junta Manuel Gómez, también acusado, no hizo el informe de actuación tras haber alertado de las diferentes deficiencias en los distintos informes de control financiero permanente de la agencia IDEA, la defensa de Chaves sí que llamó la atención sobre el hecho de que el interventor “no consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación”. Se trata de “un hecho incontrovertido que nunca lo realizó y no se utilizó el mecanismo legal que hubiera permitido que las irregularidades hubieran llegado al Consejo de Gobierno”.
Jiménez de Parga prosiguió su informe afirmando que “no hay nada en la causa que permita deducir que Manuel Chaves tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención”.
El abogado del ex presidente consideró respecto a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción que si todos los indicios que tienen contra Manuel Chaves tras “bucear” en decenas de archivos y en los 270 expedientes de las ayudas objeto de investigación son simplemente las “cartas y faxes” –como las de los conflictos de Bilore o la Faja Pirítica de Huelva, enviadas por trabajadores o comités de empresas de las sociedades en crisis– a las que el Ministerio Público aludió en su informe, “poco tiene para incriminar al presidente de la Junta”, aseveró.
El letrado de Chaves evocó el informe de los fiscales delegados de Anticorrupción, quien dijo que “no se creía” la tesis de que el gabinete de la Presidencia actuara como una especie de “cortafuegos” de esos documentos que exponían lo que estaba ocurriendo con las ayudas y no le contaran nada al presidente, para afirmar que la actuación del gabinete de la Presidencia quedó clara con la declaración de uno de los testigos, Antonio Jesús Mena Calvente –director del área de planificación y seguimiento–, quien explicó la mecánica que seguía cada carta o fax, remitiéndose a la Consejería competencia y utilizando la fórmula de estilo “por indicación del Presidente”.
De estos elementos, dijo Jiménez de Parga, no se puede extraer ningún elemento incriminatorio y tampoco del testimonio de los ex trabajadores de Bilore, por lo que concluyó que “no hay un solo indicio incriminatorio contra el señor Chaves en esas declaraciones”.
El Consejo no conoció el fraude porque el interventor no hizo el informe de actuación