SIN RESPETO A LAS FORMAS AL ELEGIR AL PODER JUDICIAL

LA duda es más que razonable: ¿cuál es la autonomía de unos jueces que, sin haber sido elegidos aún, ya conocen el nombre del presidente que ellos votarán? El PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para renovar el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estará presidido por Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. Marchena es un jurista prestigioso, que está al frente de la instrucción de la causa contra los dirigentes del procés y que ha intervenido en otros procesos de calado, como el que se abrió en el Supremo contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su nombre admite pocas dudas, pero la escenificación del acuerdo entre los dos partidos mayoritarios es un despropósito. Sin disimulo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el cargo, Rafael Catalá, cerraron este fin de semana un pacto por el que el PSOE acepta a Marchena a cambio de mantener a 11 elegidos en el CGPJ de un total de 20. El resto es para el PP. Ahora serán los parlamentarios quienes voten estas designaciones, y serán los jueces los que elijan a un presidente que, en realidad, ya está designado. Aquella ruptura de relaciones entre Pedro Sánchez y el líder popular, Pablo Casado, que el Gobierno se encargó de anunciar, ha quedado desmentida por conveniencia. Y, sin embargo, tanto la elección de Marchena como la renovación del CGPJ eran necesarias. Manuel Marchena también será, desde el cambio, el presidente del Supremo, en sustitución de Carlos Lesmes, cuya credibilidad ha salido muy tocada con la gestión que la Sala de lo Contencioso ha hecho del caso del impuesto sobre las hipotecas. Al propio Estado le viene bien este relevo a las puertas del juicio por la causa independentista, que comenzará en diciembre con la vista de las cuestiones previas. Marchena deja ese tribunal, donde será sustituido por Andrés Martínez Arriete, un juez progresista, por lo que algunos entienden que la nominación también es un gesto hacia los presos. Este tipo de lecturas ejemplifica que el sistema de elección del CGPJ y, por ende, del presidente del Supremo está viciado, porque no garantiza ni la apariencia de independencia que debe presidir los comportamientos de los actores judiciales. En más de una ocasión hemos explicado que el modelo necesita dar mayor cabida a las organizaciones de los jueces o a ellos mismos, porque las asociaciones vienen arrastrando problemas muy similares de partidización a la de las propias formaciones políticas.

Sin que los jueces estén elegidos para el cargo, PP y PSOE ya han pactado el nombre del presidente del Poder Judicial