El número de familias con dificultades para pagar el recibo de la luz sube un 21%
● El Instituto Provincial de Bienestar Social destina este año 300.000 euros a su programa contra la pobreza energética ● El plan de adaptación funcional de hogares recibe 500.000 euros
● La Diputación destina 300.000 euros a su programa contra la pobreza energética
La crisis económica sigue golpeando a las familias. Así lo desvela un reciente informe del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), según el cual los hogares beneficiarios de ayudas para evitar el corte de suministro eléctrico han aumentado un 21% en el último ejercicio. Durante 2019, el organismo dependiente de la Diputación de Córdoba destinará un crédito total de 300.000 euros a las ayudas económicas de este programa de intervención en situaciones de pobreza energética, una línea de trabajo que en la ejecución de 2017-2018 benefició de manera directa a 1.261 familias de municipios de menos de 20.000 habitantes de Córdoba.
El IPBS destaca la “persistencia de situaciones de necesidad” para justificar la continuidad del programa, que además de las ayudas incluye una línea para fomentar el consumo eficiente. “Iniciativas de este tipo, que conjugan y complementan medidas para afrontar situaciones de urgencia social con otras correctivas y preventivas, contribuyen a disminuir situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión”, destaca el instituto.
El estudio recalca que el apoyo a la familia “constituye una de las medidas prioritarias en la programación general” del organismo. Fue en 2015 cuando se redactó y se aprobó por primera vez esta iniciativa, que incorpora “medidas de carácter integral, diferenciadas de las ayudas económicas puntuales derivadas de la inmediatez y la urgencia producida por el corte del suministro”. Desde aquella fecha, el programa se ha prorrogado año a año en los sucesivos ejercicios.
Además de la prestación de ayudas de carácter económico, por un periodo y asignación determinada, contiene una serie de actuaciones para impulsar el ahorro “a través de un consumo más eficiente de la energía en el domicilio”. En esta línea juega un papel clave la Agencia Provincial de la Energía, también dependiente de la Diputación.
Cuenta con dos fases diferenciadas. Por un lado, una de formación y sensibilización social, orientada a la difusión de los contenidos de la campaña entre la población. Incluye charlas divulgativas y exposiciones, que en 2018 llegaron a 11 municipios. Por otro lado, los técnicos realizan un seguimiento del consumo energético de los hogares, con un asesoramiento personalizado a las familias seleccionadas. En el pasado ejercicio, efectuaron un seguimiento “exhaustivo” del suministro eléctrico de cada vivienda y de los hábitos de consumo de energía durante un periodo de ocho semanas.
En el presente ejercicio, por otra parte, el IPBS vuelve a repetir el programa de adaptación funcional de hogares, dotado con 500.000 euros. Fue en 2015 cuando se realizó la primera convocatoria, que tiene por obje- to la concesión de subvenciones destinadas a sufragar el coste de obras para la adecuación de viviendas de uso “habitual y permanente” por parte de personas mayores, discapacitados o en situación de dependencia. Tam- bién posibilita la adquisición y dotación de los medios materiales técnicos, funcionales o instrumentales que mejoren la capacidad de estas personas.
En 2017 hubo 517 solicitantes, volumen similar al de 2018, señal de que “la necesidad sigue existiendo”. La media de edad de los solicitantes fue de 73,28 años; el 35% de los beneficiarios fueron personas dependientes, y el 25% personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
El IPBS concedió ayudas para pagar suministros a 1.262 familias en 2017-18