La renta mínima sólo llega a cuatro de cada 100 niños en pobreza severa
● Save the Children sugiere aumentar 75 euros mensuales por hijo a las familias que reciban esta subvención de la Junta
El Gobierno debía presentar en el primer trimestre un informe sobre esta prestación
En Andalucía viven 244.430 menores en situación de pobreza severa. Son esos cuyos padres no pueden permitirse comprar materiales para el colegio o pagarles una excursión. Algunos incluso tienen problemas para acceder a una alimentación adecuada. Para acabar con esta realidad, el Gobierno socialista de Susana Díaz puso en marcha en 2018 la renta mínima de inserción, aunque no estaba pensada como una prestación específica para acabar con la pobreza infantil. De hecho Save the Children alertó de la escasa efectividad que tendría para solucionar la pobreza severa que afecta al 15% de los menores. Ahora la ONG, a pesar de que no tiene todos los datos sobre la efectividad de esta subvención, constata que tenía razón en su predicción. Sólo un 4% de los niños y adolescentes pobres han visto como su familia ha recibido esta ayuda.
El cambio de Gobierno permitió conocer que sólo se había gastado el 30% de la dotación prevista para 2018: 198 millones de euros. De las 45.000 familias a las que debía llegar, la subvención llegó a 11.579, apuntan desde la ONG, lo que se traduce en 9.800 menores. Ése es el 4% de los casi 250.000 niños en situación de pobreza. El Gobierno de PP y Ciudadanos está obligado por decreto a elaborar un informe sobre la aplicación de esta medida en el primer trimestre del año. Ese informe aún no está disponible, pero fue la propia consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien adelantó estos números en comisión parlamentaria.
Save the Children alertó de la falta de ambición del Ejecutivo socialista, pues la renta mínima estaba pensada para atender a entre 40.000 y 42.000 menores, cuando tienen derecho a ella, según los criterios establecidos, un total de 186.446. La ONG constata así que la prestación no llega a todo el que lo necesita, pero, además, la cantidad que perciben los beneficiarios es insuficiente para reducir los índices de pobreza infantil.
Según los cálculos de la organización, la cantidad máxima que puede recibir un hogar de dos adultos y dos menores gracias a la renta mínima de inserción alcanza los 580,87 euros mensuales. Esta ayuda no sirve para acabar con la pobreza infantil porque el coste mensual de la crianza, calculado por Save the Children con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, se queda en 1.072 euros. Y el umbral de la pobreza severa en Andalucía está en 801,7 euros al mes para un hogar con dos adultos y dos menores a su cargo. La propuesta de la ONG para hacer a esta prestación útil para la acabar con la pobreza infantil pasa por añadir 75 euros mensuales por hijo para cada familia beneficiaria de la ayuda. Su voluntad es que este aumento pueda producirse dentro del proyecto de cuentas autonómicas de 2019.
El análisis realizado por Javier Cuenca, director de Save the Children en Andalucía, y su responsable de políticas de infancia, Javier Cabrera, detecta fallos no sólo en el concepto, si no también en la puesta en marcha de esta medida, pensada para sustituir al ingreso mínimo de solidaridad, –el conocido como salario social–, que fue descartado por problemas burocráticos que después se han repetido con la nueva prestación.
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, reveló la semana pasada en la presentación de su informe anual que el retraso para la tramitación de la renta mínima de inserción está en ocho meses de media. Ese plazo es el de resolución, cuando el decreto que regula la subvención fija en dos meses el máximo del periodo de resolución.
El problema detectado por la ONG es que el retraso comienza en la misma solicitud, pues el personal de los servicios sociales está “desbordado” ante el alto número de solicitudes –superan las 80.000–, pero también porque no tienen la formación necesaria para tramitar esta prestación. Maeztu aludió a las prisas de la Administración socialista en implantar esta medida como razón de esta falta de formación. Los propios trabajadores de los servicios sociales han reconocido a Save the Children la situación.
La idea inicial era que los beneficiarios recibieran las ayudas una vez al mes, pero las trabas burocráticas provocan retrasos y pagos combinados de varias mensualidades. “Creo que es contraproducente, ya que no se pueden afrontar los gastos mensuales”, apunta un trabajador social consultado por la ONG. Todas estas dilaciones acaban con el retraso del plan de inserción sociolaboral, una de las iniciativas novedosas incluidas en la renta mínima. La recepción de la ayuda esta asociada a un itinerario para ayudar al beneficiario a encontrar un empleo. De hecho, la percepción de determinados ingresos, esporádicos o no, ya no es incompatible con la subvención. Pero con el cúmulo de retrasos, los planes no se realizan hasta “el séptimo u octavo mes”. El resultado es que de las 11.579 ayudas concedidas, sólo 3.673 tienen un plan de inserción aparejado.