Los partidos andaluces demandan un debate sosegado sobre la eutanasia
● PSOE, Podemos y Cs instan a regularizar la muerte asistida, mientras el PP conmina a que no se utilice como arma electoralista
Susana Díaz defiende una reflexión “responsable y seria” en el Congreso al margen de electoralismos
El debate sobre la regulación de la eutanasia ha vuelto a surgir en vísperas de las elecciones generales del día 28 a raíz del caso de María José Carrasco, una enferma terminal a la que ayudó a morir su marido, por lo que fue detenido aunque después liberado.
Los partidos políticos se han enzarzado en un debate de derechos en el que no todos están cómodos. Y menos durante la precampaña electoral. La complejidad de la materia, las implicaciones éticas y sociales de la materia, aconseja a encapsular el asunto en términos sosegados. En esos términos se expresó ayer la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en una entrevista concedida en RNE, en la que defendió la necesidad de abrir una “reflexión seria, profunda y responsable” sobre eutanasia en el Congreso de los Diputados, “alejado de la campaña electoral” y avisó de que si los partidos “no vamos al mismo ritmo de la demanda social mucha gente no nos entenderá”.
En términos similares se expresaron Cs y PP, que criticaron a Pedro Sánchez por haber abierto el melón en un periodo tan sensible como la precampaña. La diputada de Cs Isabel Albás lamentó que el presidente del Gobierno use “el dolor de las personas en sus últimos momentos”, mientras que Juanma Moreno se unió al mensaje de pedir “serenidad”, al tiempo que proponía una mejora de los cuidados paliativos.
En materia legislativa, Andalucía fue la primera comunidad en acogerse a una ley de muerte digna en 2010 –diferente a eutanasia–, con la que se garantizó el acceso de la ciudadanía a tratamientos del dolor y se prohibía la obstinación terapéutica. En lo que va de año, el Registro de Voluntad Vital acumula 945 expedientes, llamados testamentos vitales.
Un tema muy sensible como la eutanasia se coló el jueves en el combate por los votos como antes hizo, y volverá, la prisión permanente revisable. El caso de Ángel Hernández, marido de María José Carrasco, enferma terminal a la que ayudó a morir, irrumpió en los discursos políticos y también en la Iglesia. La tormenta desatada obliga a la clase política a mojarse. “No tengo miedo, estoy tranquilo, mi mujer dejó de sufrir”, dijo ayer Hernández, en libertad tras prestar declaración como imputado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio en un juzgado de Madrid.
Su defensa pedirá que se aplique la atenuante del artículo 143.4 del Código Penal para que no entre en prisión, pero no descarta solicitar el indulto si fuera condenado. Esta decisión estaría en manos del Gobierno, pero su portavoz, Isabel Celáa, no entró en el asunto, aunque sí expresó el compromiso del Ejecutivo de impulsar “la regulación del derecho a una muerte digna con todas las cautelas” y llevarlo “cuanto antes” al Parlamento para su aprobación. Subrayó que no le “parecen de recibo” las críticas de la oposición de que el Gobierno haya utilizado la eutanasia en campaña.
La mayoría de las críticas vinieron del PP, que reprochó al PSOE y a Pedro Sánchez su “electoralismo” por abrir un debate sobre la muerte asistida en plena campaña, mientras que se mantiene en su postura de apostar por los cuidados paliativos como medida para las personas que se encuentran en el “proceso de morir”. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió que en este debate no se utilice “el sufrimiento ajeno para hacer campaña electoral” y recalcó que, si las iniciativas sobre esta materia que tenía en trámite la Cámara no se aprobaron, fue porque el Gobierno anticipó las elecciones.
En Cs, su secretario general, José Manuel Villegas, defendió la regularización. “Si tu mujer, tu hija o tu marido está sufriendo de esa manera... no puedo poner la mano en el fuego de que yo no haría lo mismo que ese hombre”, declaró su presidente, Albert Rivera. Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es “indecente” que una persona pueda ser detenida y encarcelada por “un acto de humanidad”.
La eutanasia llegó a la mesa de la Conferencia Episcopal Española, cuyo secretario general, Luis Argüello, afirmó que “la muerte provocada no es la solución a los conf lictos” de la sociedad. “No pienso, Dios me libre, en la cárcel para nadie, pero sí en la necesidad, de apoyar cualquier decisión que evite que la muerte sea la solución de los problemas”.
Bajo el grito de “eutanasia legal ya” y “queremos libertad para nuestro final”, más de un centenar de personas protestaron frente a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) para que se regule el suicidio asistido y se consiga la abolición del artículo 143 del Código Penal.
Los obispos dicen que la “muerte provocada no soluciona los conflictos que hay en la sociedad”